EscucharEl proyecto de la ampliación de la ruta 32 y sus constantes cambios han generado mucha polémica, sobre todo después de que la presidenta Laura Fernández reconociera que todos los que se oponían a la construcción de rotondas tenían razón y que ahora el gobierno invertirá un montón de plata en quitar esas obras que le costaron a los costarricenses ¢2.800 millones.
Fernández reconoció en conferencia de prensa que hacer esas rotondas fue una pésima idea. Con la frase “nos pusimos primero las botas y después las medias”, la mandataria admitió el tremendo error.
Al hablar del tema, ella dijo que todo se dio debido a errores de gobiernos anteriores, haciendo alusión a los del PLN y del PAC, algo que, según el politólogo Sergio Araya, no se sostiene.
Pero ¿cómo llegamos a este punto en el que se gastó una millonada en obras que ahora tendrán que ser reemplazadas?
Una historia que arrancó con polémica desde el 2012
Este proyecto de ampliación nació en el 2012, durante el gobierno de Laura Chinchilla, con un crédito de $395 millones (¢199 mil millones según el tipo de cambio del 2012).
Desde ahí la cosa venía con polémica, pues se contrató a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), la cual ya traía fuertes cuestionamientos por escándalos que la salpicaron en otros países; aun así, siguió adelante.
Pese a que en esa administración se aprobaron las obras, fue hasta años después, en el gobierno de Luis Guillermo Solís, que se inició la construcción. Ya desde ahí la cosa venía con problemas porque el atraso causó desfinanciamiento.
Para cuando el gobierno de Rodrigo Chaves asumió en 2022, señalaron que encontraron un proyecto con serios problemas económicos debido a que los atrasos encarecieron la obra, además de expropiaciones atrasadísimas y reclamos de la empresa CHEC. Dijeron que debían aportar $150 millones (¢68.400 millones) adicionales para hacer frente a la obra.
Apareció la idea de las rotondas
Fue ahí donde las autoridades de ese momento, como el exministro del MOPT, Luis Amador, y el exdirector de Conavi, Mauricio Batalla, decidieron meter tijera para intentar rescatar la obra con los recursos que tenían a mano.
Ellos tomaron la criticada decisión de eliminar los pasos a desnivel originales (que costaban unos $10 millones cada uno, casi ¢5 mil millones) y cambiarlos por rotondas para ahorrar plata y evitar más expropiaciones.
Cuando se tomó esa decisión, Laura Fernández era la ministra de Planificación y una de las funciones principales de su cargo era, precisamente, “velar por la aplicación de las prioridades de Gobierno en la asignación del presupuesto y la inversión pública”.
Expertos lo advirtieron, pero nadie hizo caso
Instituciones expertas como el Lanamme de la UCR y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) pegaron el grito al cielo desde el primer día.
Los expertos advirtieron que las rotondas tenían errores conceptuales, no contaban con los diámetros mínimos internacionales y eran peligrosas para una vía con un flujo vehicular tan alto.
Lamentablemente, el tiempo y las tragedias les dieron la razón. El 25 de marzo de 2026, dos tráileres se accidentaron en las rotondas de Matina y Pococí porque los choferes no lograron tomar la curva.
Para construir esas ocho rotondas, los costarricenses pagaron cerca de $5.600.000 (unos ¢2.821 millones), plata que al final no sirvió de nada.
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El millonario remedio y un concurso fallido
Tras la presión de los alcaldes de la zona, manifestaciones de los vecinos y hasta recursos de amparo, el gobierno no tuvo más remedio que volver al diseño original propuesto por el gobierno de Laura Chinchilla.
Para arreglar la torta, ahora prometen invertir $100 millones (casi ¢50 mil millones) del presupuesto del Conavi para, por fin, construir 10 pasos a desnivel y quitar de una vez por todas esos anillos.
Sin embargo, el camino sigue lleno de baches. En marzo de este año se intentó licitar la construcción de los primeros cuatro pasos a desnivel, pero el concurso fracasó y debió iniciarse de nuevo.
Las únicas dos empresas interesadas (MECO y CHEC) quedaron fuera porque sus ofertas económicas eran o exageradamente baratas y “ruinosas” (como en el caso de MECO, con precios hasta un 28 % menos), o excesivamente caras (como CHEC, cobrando hasta un 170 % más).
Una justificación que no es válida
Cuando Fernández habló del error cometido en la administración anterior, dijo que todo se dio por la ineficiencia de gobiernos anteriores para quitarse la culpa.
El politólogo Sergio Araya explica que en este caso la responsabilidad debe ser asumida por quienes tomaron y apoyaron la decisión de hacer las rotondas.
“Desde el punto de vista de la gestión de la política pública, parece que no es válido trasladar a terceros una responsabilidad que se produjo en la generación concreta de estas rotondas en la ruta 32, que surgió en la administración anterior, donde además la hoy señora presidenta fungió en puestos de alto nivel como el Ministerio de Planificación y Política Económica y el Ministerio de la Presidencia, desde los cuales tuvo directa injerencia o al menos, especialmente en planificación, posibilidad de haber al menos planteado internamente con el ministro de Obras Públicas de ese momento si lo procedente era sustituir los pasos a desnivel por rotondas”.
Ahora bien, Araya dijo que si la justificación se ve desde la dimensión de la comunicación política, lo que intenta Fernández con esas declaraciones es seguir el discurso de culpar a los demás por los errores del gobierno.
