Los diputados están discutiendo un proyecto de ley que pronto será aprobado en segundo debate, pero que despierta la desconfianza de algunas personas, entre ellas la del legislador oficialista José Miguel Villalobos.
La iniciativa, que está consensuada entre todas las fracciones legislativas, tiene como fin que las personas puedan hacer el cambio de domicilio electoral de forma digital, es decir, sin tener que poner un solo pie en las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“El país no está listo para esto”
Aunque la idea suena muy útil, Villalobos soltó una advertencia que causa preocupación.
Él señaló el peligro de hacer este trámite por internet, asegurando que podríamos toparnos con la sorpresa de que mucha gente aparezca votando en un cantón diferente al suyo, sin haber hecho el cambio personalmente.
“Este país, en mi opinión, no está listo para esto”, sentenció el legislador. Él augura que, si se aprueba, en las próximas elecciones los votantes tendrán serios problemas a la hora de emitir su voto al no saber usar los mecanismos de verificación de identidad.
Curiosamente, Villalobos confesó que, aunque no le gusta para nada el proyecto y lo iba a rechazar, al final votará a favor por pura “disciplina” y por acuerdos previos entre fracciones para poder avanzar con otros temas.
Un salvavidas contra el abstencionismo
Pero también están quienes ven el proyecto de gran interés. El diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, le salió al paso a los miedos y defendió las cosas buenas que tiene esta propuesta para el pueblo.
Trejos nos recordó que en el país hay niveles de participación electoral bajos. Puso de ejemplo a Suecia, donde acaba de votar más del 85% de la gente, y aseguró que la tecnología puede ayudar a recuperar esa confianza en la democracia.
El legislador explicó que ir hasta el TSE es fácil para el que vive cerca, pero para muchos es un dolor de cabeza. Nos recordó que la presencialidad castiga a las personas de zonas rurales, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a las mujeres trabajadoras que no tienen con quién dejar a sus hijos.
El frenteamplista también dio paz al aclarar que la reforma no elimina la vía presencial. Quienes sufran por la brecha digital y no se lleven bien con la tecnología, podrán seguir llenando el formulario físico con los ceduladores ambulantes o en las oficinas regionales.
El TSE asegura que ya tiene experiencia
Andrei Cambronero, jefe de despacho de la Presidencia del TSE, explicó que este proceso digital no es un salto al vacío.
El Tribunal ya hace un trámite muy similar desde las elecciones del 2014 con los ticos que viven en el extranjero. Solo para los comicios pasados, lograron inscribir a 67.000 compatriotas (un aumento del 24,4%) por esta vía sin mayor problema.
Cambronero detalló que ellos ya manejan estrictos mecanismos para comprobar que usted es quien dice ser, usando herramientas muy seguras como la huella digital y la fotografía de la persona.
Además, recordó que brindar información falsa para cambiar el domicilio a un lugar donde usted no vive le podría traer serios dolores de cabeza con la ley por el delito penal de falsedad ideológica.
También destacó que el padrón electoral se cierra y se audita de forma definitiva cuatro meses antes de las elecciones. El TSE publica las listas provisionales con mucho tiempo de anticipación para que usted revise que todo esté en orden.
Tres bolados de oro para evitar tortas
Finalmente, el abogado Adalid Medrano, especialista en Derecho Informático, aplaudió la iniciativa porque facilita la vida, pero recomendó aplicar tres salvaguardas técnicas importantes.
Primero, sugiere exigir una firma digital certificada para reducir al mínimo el riesgo de que nos roben la identidad por internet o se hagan pasar por alguien más.
Segundo, pide que el TSE envíe un correo electrónico o mensaje a las personas avisando del cambio, el cual solo debería hacerse efectivo días después. Así le da un tiempo valioso al ciudadano para frenar cualquier ataque.
Y tercero, recomienda que el Tribunal conserve toda la información técnica de la transacción, por si las autoridades judiciales necesitan investigar algún abuso del sistema.

