EscucharJosé Miguel Villalobos, diputado electo oficialista, está en medio de un proceso de embargo solicitado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por la deuda de ¢312 millones que él tendría con la institución.
En febrero pasado, el director de Cobros de la institución, Luis Diego Calderón, informó que ya se gestionaron las solicitudes de embargo correspondientes.
La Teja conversó con Villalobos sobre este tema y su posición es contundente.
“Yo ya presenté mi descargo en el sentido de que la Caja está totalmente equivocada en ese cobro, que abusa del poder que le da la ley, que está cobrando sumas que no le corresponden, que ni siquiera las ha justificado a pesar de que lo he pedido en reiteradas ocasiones.
“Está cobrando sumas totalmente prescritas que nunca había cobrado y ahora pretende cobrarlas sobre la misma base de abuso total de poder. Creo que mi caso va a sentar un precedente, porque yo no voy a negociar absolutamente nada. Voy a esperar a que se dicte una resolución en firme”, expresó.
El embargo no está escrito en piedra
Villalobos asegura que el que la Caja haya tramitado el embargo no significa que efectivamente vaya a llevarse a cabo.
“Hay gente que cree que porque se pide embargo es porque la deuda está avalada por un tribunal. No, la deuda que está cobrando la Caja está avalada por la Caja, no por un tribunal. Si el Tribunal cobra, es porque hay un elemento que se llama título ejecutivo, que es que la deuda se cobra con solo una certificación de la Caja.
“Si la Caja es unilateralmente la que está diciendo que yo debo esa suma, yo contesto que no debo esa suma. Veremos lo que disponen los tribunales dentro de varios años, porque eso es un proceso que va a durar muchos años”, añadió.
El diputado electo dice que en diciembre pasado se dio un precedente que podría beneficarlo.
“Esperamos que en la jurisdicción correspondiente se mantenga la tesis del Tribunal Contencioso que sentó una jurisprudencia el pasado mes de diciembre, donde señaló que para poder cobrarles a trabajadores independientes, la institución no puede acudir a rubros absolutamente discrecionales o arbitrarios, sino que tiene que acudir a disposiciones o elementos, parámetros objetivos.
“Ya anuló una resolución cobratoria que se le había hecho a una persona en ese proceso de diciembre y esperemos que esa jurisprudencia se mantenga”, señaló.
Un montón de millones
Al 20 de noviembre de 2025, la deuda se dividía en ¢149 millones como patrono físico y ¢162 millones como trabajador independiente.
Un informe de auditoría revelado por ese medio señala que la CCSS ha tenido dificultades para ubicarlo físicamente y ejecutar el cobro, pese a que existen 21 procesos judiciales en su contra, varios de ellos en etapa de ejecución.
Incluso, la institución estuvo cerca de declarar parte del monto como irrecuperable ante la ausencia de bienes inscritos a su nombre.
