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El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, avaló la candidatura a diputado por Alajuela de Jorge Arturo Campos, quien es imputado en el caso Richter y actual regidor de Alajuela. ¿Esto le causará un problema durante las elecciones de 2026?
Conversamos con el politólogo Gustavo Araya, quien nos comentó que la gente podría cuestionar al candidato, aunque todas las personas tienen el derecho de lanzarse a la política y además, pueden acogerse al principio de presunción de la inocencia, cuando estén siendo investigados por las autoridades judiciales.
Este es el caso de Campos. A él lo investigan por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Las autoridades lo señalan como el enlace entre Leslye Bojorges, el actual diputado del PUSC, y otras personas, quienes están involucrados en una red de favores políticos y pagos irregulares, según CR Hoy.
“Habrá partidos políticos muy nobles, cuyas personas que estén en la disputa de las candidaturas a diputados o, incluso, de otros cargos de elección popular, como pueden ser las vicepresidencias, podrían achacarle esto a nivel político, en un debate o en cualquiera otra circunstancia y efectivamente, llevarle un terreno difícil de mantener, si no hay reglas claras”, dijo Araya.
El politólogo señaló que Hidalgo debe manifestarse y dejar claro cuáles son sus filtros, es decir, cuáles son los márgenes de tolerancia que tiene respecto a este asunto.
“Un mundo ideal es que ninguna de las personas presenten su candidatura a una diputación o a cualquier cargo de elección popular si tienen esta condición de investigada o cuestionada”, dijo.
“La situación acá radica en que opera el principio de presunción de inocencia. Entonces, hasta que la persona no sea juzgada, no haya pasado por el proceso, pues tiene la posibilidad de resultar inocente y, por lo tanto, continuar con su vida de manera normal, sin ningún problema”, añadió.
El hecho de que haya avalado a Campos para que sea candidato a diputación por Alajuela puede ser cuestionado porque, recordemos que hace un mes, Hidalgo tuvo roces con Bojorges, incluso, pidió su expulsión del partido.
Leslye Bojorges vs. Juan Carlos Hidalgo
En setiembre, el diputado hizo una conferencia de prensa para referirse a la petición del candidato presidencial de expulsarlo de la agrupación por cuestionamientos en casos de corrupción y la investigación de la Fiscalía.
Bojorges señaló que no lo iba a hacer y además, anunció que le entregó un oficio al jefe de fracción, Alejandro Pacheco, con el que dejó sin efecto su separación voluntaria del PUSC.
“Juan Carlos Hidalgo, solo hay una forma en la que usted pueda expulsarme a mí y es, según el artículo 4 del reglamento del Tribunal de Ética y Disciplina del PUSC, presentando una denuncia en mi contra”, dijo Bojorges en ese momento.
“Yo me voy cuando yo quiera, no cuando a usted le da la gana, Juan Carlos. Un líder no divide, construye. Qué lástima que no me llamó para ayudarle en su campaña”, agregó.
Un día después, el candidato le respondió a Bojorges, afirmándole que no tiene espacio alguno ni en la campaña presidencial ni en el quehacer de la fracción del PUSC.
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“Los cuestionamientos que motivaron la solicitud de separación de nuestras filas siguen siendo válidos y relevantes, todos los costarricenses los conocen”, dijo.
Hidalgo aseguró que la permanencia del diputado en la agrupación le hace daño al PUSC.
¿Qué dice el candidato presidencial?
Juan Carlos Hidalgo afirmó que todos los candidatos a diputados se mantienen en la campaña y que firmaron un compromiso en el que señalaron que renunciarán si llegan a enfrentar un proceso judicial.
“Como es de dominio público, ellos firmaron un documento en el que se comprometen a renunciar si llegan a enfrentar algún proceso judicial. Este no es el caso de ninguno ahora, así que continúan activos trabajando”, argumentó el candidato presidencial.
En dicho documento, se señala que los candidatos deben renunciar si se les dictan una apertura a juicio en su contra por delitos contra la vida y la integridad personal, delitos sexuales y violencia de género, delitos contra la Hacienda Pública y la función pública (peculado, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito), delitos económicos y patrimoniales graves (estafa, administración fraudulenta, fraude), delitos vinculados al crimen organizado (legitimación de capitales, narcotráfico, asociación ilícita) y otros delitos como sicariato, secuestro y más.
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