EscucharLa diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto de ley para permitir el divorcio por incumplimiento alimentario prolongado, es decir, cuando se deja de pagar la pensión alimentaria.
La iniciativa busca reformar el Código de Familia para agilizar procesos de personas con cónyuges desaparecidos o irresponsables que simplemente “desaparecieron” y eso hace que sea imposible contactarlos o notificarlos para el divorcio.
El proyecto permitiría solicitar el divorcio tras un año de impagos y facilitaría la notificación en casos donde se desconoce el paradero del responsable, evitando que los procesos judiciales se estanquen por años.
El fin del “auxilio mutuo”: Una nueva causal
La iniciativa parte de que el matrimonio se fundamenta en la cooperación y el auxilio mutuo. Sin embargo, cuando existe un abandono prolongado, el vínculo deja de tener sentido legal.
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El texto propone reformar el artículo 48 del Código de Familia para incluir esta nueva causal. Además, detalla que el incumplimiento alimentario debe ser por un periodo no menor a un año.
La diputada sostiene que la iniciativa se enfoca especialmente en proteger a hijos menores de edad o personas con discapacidad.
Notificación rápida para cónyuges “desaparecidos”
Uno de los mayores obstáculos actuales para los divorcios cuando una persona “desaparece” de forma voluntaria es la imposibilidad de localizarla para hacer las notificaciones de ley, lo que paraliza los trámites indefinidamente. Para resolver esto, la propuesta incluye:
- Vía efectiva de notificación: Si se desconoce el paradero, se podrá notificar mediante una publicación única en un medio de comunicación nacional.
- Seguridad jurídica: Busca garantizar que las víctimas de abandono puedan cerrar formalmente su relación y “rehacer su vida” sin depender de la localización del deudor.
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“Un proceso justo y humanizado”
Según la diputada Carballo, esta reforma atiende un vacío legal y refuerza el interés superior de las personas menores de edad.
“Se busca garantizar seguridad jurídica, dignidad personal y bienestar familiar, asegurando que quienes han sido privados del apoyo económico y afectivo puedan acceder a un proceso de divorcio justo, eficaz y humanizado”, expresó.
Y es que, aunque parezca extraño, son muchos los casos de personas casadas que ven a sus compañeros sentimentales marcharse para siempre y pierden el contacto, pero quedan atados en el papel.
Un ejemplo de ello es el caso de una vecina de Limón, cuyo nombre no vamos a mencionar para proteger su privacidad. Ella estaba casada y un día su compañero se fue de la casa y no regresó.
Tiempo después, ella tomó la decisión de divorciarse para cerrar ese capítulo de su vida, pero el trámite se complicó y se extendió durante cinco años porque él es marinero y pasa mucho tiempo en altamar, sin un domicilio fijo.
Luego de una lucha legal, la mujer logró demostrarle al juez que ella estaba sola desde hacía mucho tiempo y que no había una dirección donde notificar a quien en el papel aún era su esposo y él le concedió el divorcio.
“El proceso fue desesperante porque me decían que no podían hacer las notificaciones necesarias. Ahora que ya salió el divorcio, me siento tranquila porque mientras una está casada con alguien, de alguna forma está relacionada y se siente como esa obligación de que si algo pasa, uno podría tener consecuencias”, manifestó la limonense.
Proyecto pretende facilitar el trámite
El abogado Kabul Ugalde, experto en temas de familia, dice que la ley ya permite tramitar el divorcio cuando una de las dos partes desaparece sin dejar rastro, pero esta iniciativa vendría a facilitar el trámite un montón, incluso, podría hacer que los interesados se ahorren bastante de plata.
Y es que, actualmente, cuando una persona se quiere divorciar, pero no puede contactar a la pareja, debe contratar a un curador procesal, que es un abogado designado por un juez para representar y defender los intereses de una parte en un proceso judicial cuando esta no puede ser notificada válidamente o carece de representante legítimo.
Ugalde dice que ese trámite puede tener un costo de unos 200 mil colones.
Con el cambio que pretende la iniciativa de la diputada Carballo, ese paso ya no sería necesario y después de un año de que el cónyuge se haya ido, y haya dejado de cumplir con su responsabilidad de pagar la pensión, ya se podría solicitar el divorcio.
