La presidenta electa Laura Fernández reveló hace unos días que llevará a la Asamblea Legislativa entrante los proyectos del oficialismo que fueron rechazados en el actual Congreso.
“El primer decreto que firmaré es el paquete de proyectos de ley que va para la Asamblea en el periodo de sesiones extraordinarias, donde todos los proyectos, que yo misma, siendo ministra de Planificación Nacional y Política Económica y ministra de Presidencia, trabajé y empujé en la Asamblea y que por cálculo político o pura mezquindad nos archivaron, toda esa lista va a volver a convocarse”, indicó.
La representante del Partido Pueblo Soberano (PPSO) no mencionó específicamente cuáles proyectos rechazados llevaría de nuevo al próximo Congreso, donde habrá 31 diputados de su agrupación.
Sin embargo, mencionó algunos temas como reforma del Estado, seguros agropecuarios, seguridad, lucha contra la impunidad y fortalecimiento del sistema penitenciario.
La Teja le consultó a la diputada Pilar Cisneros, quien será la asesora de Laura Fernández. No obstante, ella se limitó a decir que se está trabajando en los proyectos, algunos de la bancada actual y otros nuevos, y pidió que se remitiera la consulta al viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, cosa que La Teja hizo. Recordemos que la presidenta actual fue nombrada la semana pasada como ministra de Presidencia en el gobierno de Rodrigo Chaves.
Barrantes solicitó que se enviara la consulta al correo electrónico de Presidencia,
Ante la ausencia de respuesta, La Teja hizo el ejercicio de buscar cuáles proyectos han sido rechazados en esta Asamblea 2022-2026.
¿Cuáles proyectos podrían volver a la Asamblea?
Por ejemplo, uno de los proyectos que se convocaría son las jornadas laborales 4x3. Aunque este proyecto no ha sido presentado por el oficialismo, sino por la diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ha sido fuertemente impulsado por la bancada chavista.
Este proyecto ha estado estancado en el Congreso por las diferencias entre fracciones en cuanto a los derechos laborales. Se han presentado miles de mociones para introducir o modificar textos.
Otra propuesta que se presentaría de nuevo es la Ciudad Gobierno, que ha sido muy criticada durante este gobierno. Este proyecto fue rechazado por una mayoría de diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa porque se iba a construir la infraestructura pública sin concurso público ni criterios de selección. De hecho, la Contraloría General de la República (CGR) también lo rechazó tras señalar inviabilidad legal en el modelo de financiamiento y contratación directa con el BCIE.
La famosa Ley Jaguar, que buscaba modificar leyes como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. y otras normas, llegó a la Asamblea Legislativa para que fuera aprobada y luego sometida a referéndum, sin embargo, el Congreso solicitó a la Sala Constitucional que emitiera un criterio, en el que se señaló que varios artículos de dicha propuesta eran inconstitucionales. Al final este proyecto quedó estancado después de que el gobierno presentara diferentes versiones.
Durante este gobierno, el oficialismo presentó un paquete de proyectos en materia de seguridad que fue rechazado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico por señalamientos de posible afectación al principio de inocencia y además, varios criterios técnicos advirtieron problemas de constitucionalidad.
Aunque no ha sido rechazado, un proyecto que el oficialismo impulsaría en la Asamblea entrante es del expediente 24.717 “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de San Carlos”.
Esta propuesta pretende legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas y que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) dé concesiones para la explotación mediante subastas públicas.
¿Es posible que se aprueben?
Debido a que el partido oficialista tendrá 31 diputados, es decir, la mayoría simple, algunos proyectos podrían aprobarse en la Asamblea.
Con esta cantidad de legisladores, se podría impulsar reformas orientadas a mejorar servicios esenciales sin necesidad de mayorías calificadas.
Por ejemplo, los oficialistas podrían aprobar reformas para endurecer penas contra el crimen organizado y el sicariato, crear unidades especializadas de inteligencia, agilizar procesos judiciales, entre otros proyectos.
En el caso de salud pública, podrían aprobar iniciativas para reducir las listas de espera, mejorar la gestión hospitalaria, reforzar la atención primaria y otros temas.
Los únicos proyectos que no podrían ratificar son aquellos relacionados con reformas constitucionales, nombramientos o destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la convocatoria a un referendo, entre otros, porque se requiere el acuerdo de, al menos, 38 diputados.
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