Marta Esquivel, expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y actual candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), hizo algo que causó polémica y molestia en la Asamblea Legislativa.
Luego de muchos días e intentos fallidos de notificarla para que se presentara a comparecer a la Asamblea Legislativa, desde el pasado 19 de enero, la Comisión que investiga irregularidades de la Caja, al fin había podido notificarla por correo para decirle que debía llegar este martes por la mañana al Congreso, pero nunca apareció.
Andrea Álvarez, presidenta de la comisión, fue quien informó que Esquivel no se presentó a la cita programada. La notificación de su salida llegó a la Secretaría de Comisiones el lunes a las 6:36 p. m., apenas unas horas antes del inicio de la comisión.
“Buenas noches, estoy fuera del país, por eso indiqué en el comunicado que estaría a disposición hasta la próxima semana. Tengo muchísimo interés en exponer mi posición ante esa comisión, así como la denuncia que estaré presentando ante la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, comunicó la exministra y exjerarca de la CCSS.
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Según se supo de forma extraoficial, Esquivel habría salido del territorio nacional con destino a Guatemala, en compañía de sus hijas.
La polémica por el tema se inició hace días cuando la diputada Álvarez dijo que habían enviado la convocatoria a Esquivel a su correo inscrito en el Colegio de Abogados, pero la candidata a diputada emitió un comunicado alegando que nunca fue notificada en su domicilio ni en su correo personal.
Ella había señalado en esa comunicación que no estará a disposición de las autoridades legislativas sino hasta el 4 de febrero, tres días después de los comicios nacionales.
Marta Esquivel enfrenta actualmente un panorama legal complejo:
- Caso Barrenador: Es imputada por presuntas irregularidades en la adjudicación de Ebáis a cooperativas.
- Causas penales: Suma un total de 14 expedientes penales en su contra.
- Conflictos salariales: Recientemente, trascendió que solicita a la CCSS ¢119 millones en una disputa relacionada con su salario de ¢7,1 millones.
Ante la renuencia de Esquivel, la presidencia de la comisión recordó que el reglamento legislativo permite el uso de la Fuerza Pública para hacer comparecer a los ciudadanos. Sin embargo, Álvarez indicó que, por ahora, se procederá con una nueva convocatoria para dentro de quince días, buscando evitar medidas coercitivas extremas.
Esquivel justificó su viaje y aseguró tener “muchísimo interés” en exponer su posición, adelantando que presentará una denuncia formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando, presumiblemente, una persecución en su contra.

