EscucharEl nuevo ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, salió al paso de las críticas que ha hecho la gente sobre el decreto que firmó la presidenta Laura Fernández relacionado con el año carcelario.
El 8 de mayo, Fernández anunció durante el traspaso de poderes que iba a firmar un decreto para que el año carcelario dejara de ser de ocho meses y fuera de 360 días.
De inmediato, varios abogados salieron a decir que desde hace años se había aplicado esa reforma a la ley, por lo que el decreto no tenía sentido.
El ministro se refirió al tema y reconoció que el año carcelario ya es de 360, pero explicó lo que pretende el decreto de la presidenta.
“Este decreto no viene a inventar que el año carcelario tiene 360 días; eso ya existe. Lo importante es otra cosa, venimos a cerrar portillos.
“El Código Penal es claro. El descuento de una pena de prisión se gana trabajando, pero este trabajo tiene que ser real, con jornadas con registro y con supervisión. Durante años se ha permitido que actividades artísticas, literarias, artesanales se tomen como si fueran un trabajo para descontar la pena; eso se acabó, el decreto en adelante se ajustará a la ley. Si un privado de libertad quiere que se le rebaje la condena, tiene que ganárselo".
Controles claros y buena supervisión
El jerarca explicó que quieren cerrar portillos a la “alcahuetería” y por eso quieren establecer controles claros y buena supervisión a los privados de libertad.
“No queremos privados de libertad ociosos; una cárcel no es un hotel. Si el privado de libertad no quiere trabajar o estudiar, sencillamente tiene una opción: cumplir su condena día por día. Eso significa cumplir el año carcelario completo, los 360 días”, agregó el ministro.
El abogado penalista, Boris Molina, asegura que con estas acciones el ministro asume una enorme responsabilidad.
“Él como ministro de Justicia, también tiene la obligación de que el sistema entonces le provea y le garantice a los privados libertad parques para trabajar; me refiero a talleres y lugares donde hagan trabajo real y efectivo que pueda ser de provecho para el mismo centro penitenciario, o bien, para venderse de manera externa.
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“Muchos de ellos (los privados de libertad) y los mismos centros penales pasaron a justamente equilibrar la falta de trabajo con actividades extracurriculares de artes y otras cuestiones, porque no tenían cómo realmente darle al privado de libertad la oportunidad de trabajar dentro del centro”, manifestó el abogado.
El tercio de la pena
Aguilar señala también que el decreto trae de vuelta el tercio de la pena, algo que el PAC eliminó.
“A partir de ahora, si un privado de libertad quiere revisar su caso y pasar al régimen de confianza, obligatoriamente tendrá que haber cumplido como mínimo una tercera parte de su condena. Por ejemplo, hoy una persona condenada a una pena de doce años puede salir de la cárcel a los dos años", señaló el jerarca.
El abogado Rafael Rodríguez indica que los beneficios carcelarios son resorte del Ministerio de Justicia y que son los centros penitenciarios, de la mano con el Instituto Nacional de Criminología, los que deciden cuáles son los privados de libertad que pueden acceder a uno.
También dice que, según su experiencia, el tema del tercio de la pena para acceder a los beneficios se mantiene en la práctica.
