EscucharEl nuevo ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, salió al paso de las críticas que ha hecho la gente sobre el decreto que firmó la presidenta Laura Fernández relacionado con el año carcelario.
El 8 de mayo, Fernández anunció durante el traspaso de poderes que iba a firmar un decreto para que el año carcelario dejara de ser de ocho meses y fuera de 360 días.
De inmediato, varios abogados salieron a decir que desde hace años se había aplicado esa reforma a la ley, por lo que el decreto no tenía sentido.
El ministro se refirió al tema y reconoció que el año carcelario ya es de 360, pero explicó lo que pretende el decreto de la presidenta.
“Este decreto no viene a inventar que el año carcelario tiene 360 días; eso ya existe. Lo importante es otra cosa, venimos a cerrar portillos.
“El Código Penal es claro. El descuento de una pena de prisión se gana trabajando, pero este trabajo tiene que ser real, con jornadas con registro y con supervisión. Durante años se ha permitido que actividades artísticas, literarias, artesanales se tomen como si fueran un trabajo para descontar la pena; eso se acabó, el decreto en adelante se ajustará a la ley. Si un privado de libertad quiere que se le rebaje la condena, tiene que ganárselo.
Controles claros y buena supervisión
El jerarca explicó que quieren cerrar portillos a la “alcahuetería” y por eso quieren establecer controles claros y buena supervisión a los privados de libertad.
“No queremos privados de libertad ociosos; una cárcel no es un hotel. Si el privado de libertad no quiere trabajar o estudiar, sencillamente tiene una opción: cumplir su condena día por día. Eso significa cumplir el año carcelario completo, los 360 días”, agregó el ministro.
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Aguilar señala también que el decreto trae de vuelta el tercio de la pena.
“A partir de ahora, si un privado de libertad quiere revisar su caso y pasar al régimen de confianza, obligatoriamente tendrá que haber cumplido como mínimo una tercera parte de su condena. Por ejemplo, hoy una persona condenada a una pena de doce años puede salir de la cárcel a los dos años.
“De ahora en adelante, todos los privados de libertad deberán cumplir como mínimo la tercera parte de su condena si quieren pasar al régimen de confianza, pero antes deberán pasar por una exhaustiva revisión donde se certifique que no representa un peligro para la sociedad”, añadió el jerarca.
