EscucharEl Gobierno de la presidenta Laura Fernández presentó el proyecto de ley 25.722, que tiene como fin modificar y limitar las funciones de la Contraloría General de la República (CGR).
El Ejecutivo asegura que la idea de la iniciativa es cambiar la Ley Orgánica de la Contraloría para prevenir que la entidad coadministre o se meta en las decisiones del Estado.
Para entender bien el impacto que el proyecto tendría para el país, en La Teja contactamos a dos expertos para que nos explicaran, en sencillo, en qué consiste la iniciativa y lo que nos dijeron enciende todas las alarmas.
Las cuatro trampas que debilitarían a la Contraloría
El politólogo Gustavo Araya revisó la propuesta del Gobierno con lupa y explicó que el proyecto tiene cuatro “trampas” muy peligrosas.
Araya señala que el Gobierno usa como excusa una resolución de la Sala Constitucional que quiere apoyar, pero en la práctica, el texto hace todo lo contrario y busca debilitar la fiscalización de los recursos del Estado.
1. El famoso “ya para qué”
La primera trampa que señala el politólogo está en el artículo cuatro del proyecto. El Gobierno quiere que la Contraloría solo revise las compras y contratos a posteriori, es decir, cuando ya todo pasó.
Gustavo explica que, al quitar la revisión previa, la Contraloría llegaría a revisar las obras cuando la plata ya se gastó. “Si ya hubo corrupción, ¿ya para qué va a entrar la Contraloría?”, advirtió el politólogo.
2. Revisar los fondos a “conveniencia”
La segunda trampa que señala también está en ese artículo cuarto. Se busca que la revisión de la Contraloría a ciertos entes que manejan fondos públicos pase de ser obligatoria a ser facultativa.
Eso significa que la fiscalización sería opcional. “Lo que el gobierno quiere es ir en contra de lo que los costarricenses hemos señalado. La Contraloría tiene que estar presente en todo momento, no podría ser distinto”, sentenció Araya.
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3. ¿Permiso para el despilfarro?
La tercera trampa que identifica el experto es que el proyecto busca derogar el artículo 17 de la ley de la Contraloría. Actualmente, la entidad puede frenar un gasto si es ilegal, pero también si es ineficiente o se gasta de más.
Con el cambio, la institución solo podría señalar si algo es ilegal. Es decir, si el Gobierno derrocha la plata de los ciudadanos y gasta más de lo que debería en un proyecto, la Contraloría tendría las manos atadas y no podría intervenir.
4. Solo un juez podría frenar las obras
La cuarta trampa, según el politólogo, es bloquear la suspensión de los contratos. Actualmente, si la Contraloría investiga un chorizo, puede frenar el acto.
Pero con el artículo 22 de este nuevo plan, solo se podría detener un contrato si hay una orden de un juez. Mientras eso pasa, “puede seguir el chorizo, puede seguir la corrupción, y no podría hacerse nada”, explicó Gustavo.
¿Crónica de una muerte anunciada en la Sala IV?
Pero la cosa no termina ahí. Para entender si este proyecto tiene futuro o es puro humo, conversamos con el abogado constitucionalista Rubén Hernández.
Él no se anduvo por las ramas y fue directo al grano: según su criterio, este proyecto es inconstitucional. Él explicó que las funciones de la Contraloría tienen rango constitucional, es decir, están especificadas directamente en la Constitución Política y no se pueden borrar, cambiar o limitar con una simple ley.
Para poder hacer los cambios que quiere la presidenta Laura Fernández, se ocuparía una reforma constitucional, la cual necesita el apoyo de 38 votos de los diputados, algo que el Gobierno hoy por hoy no tiene.
Una vieja jugada política
Hernández adelantó lo que podría pasar: si los diputados llegan a aprobar esto en primer debate, de inmediato se mandará a consulta a la Sala Constitucional.
Al llegar ahí, los magistrados se lo podrían traer abajo, exactamente igual a lo que pasó con la famosa y polémica Ley Jaguar 1 y 2. “No creo que la Sala se vaya a contradecir en todo lo que ha dicho”, afirmó el abogado.
Entonces, ¿por qué presentar un proyecto que saben que va a fracasar? Para Rubén, la táctica es clara y nada nueva: es una excusa del Gobierno para victimizarse y seguir culpando a los demás, diciendo que, por más que ellos quieren avanzar, los legisladores de oposición y los magistrados no los dejan avanzar.
“La táctica es para luego decir que la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial no los dejan gobernar”, concluyó el abogado.
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