EscucharLaura Fernández tomó una importante decisión sobre un proyecto de ley que pretende que las instituciones públicas paguen pólizas para defender a sus funcionarios cuando enfrenten procesos penales.
La iniciativa fue presentada en el 2023 por el exdiputado Horacio Alvarado, quien en ese momento militaba en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La presidenta convocó este martes ese proyecto de ley para que se le dé trámite en la Asamblea Legislativa.
La iniciativa ya lleva camino recorrido, ya que hasta se había dictaminado de forma positiva en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa; sin embargo, quedó varado con el escándalo que se armó cuando se dio a conocer que el gobierno de Rodrigo Chaves estaba impulsando una póliza para que el gabinete la usara en caso de enfrentar procesos penales.
La iniciativa del Ejecutivo fue muy cuestionada porque muchas personas se oponían a que plata de los costarricenses fuera usada para defender funcionarios sospechosos de cometer irregularidades y que deben enfrentar acusaciones penales.
Además, la Contraloría General de la República y la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda calificaron la iniciativa como ilegal, ya que en el ordenamiento jurídico no existe una figura que permita la suscripción de un seguro como el propuesto que se pueda financiar con recursos públicos.
Señalado por la Contraloría
El proyecto convocado este martes por Fernández también fue señalado por la Contraloría, ya que advirtió que la propuesta tiene un “importante grado de ambigüedad e indeterminación clara para su aplicación“.
Además, señaló que la iniciativa no detalla el objeto específico de las pólizas, la cobertura, ni los riesgos asegurados, exclusiones y demás elementos esenciales para garantizar la correcta comprensión y aplicación de la nueva ley, en caso de ser aprobada.
La propuesta habilita a las instituciones públicas a recurrir a los abogados institucionales o contrataciones externas, para habilitar en la vía penal la defensa de los funcionarios.
El texto detalla que, en caso de que el funcionario sea sentenciado, la institución deberá garantizarse el cobro de los gastos. Para ello permite que se utilicen garantías, pagos fraccionados o cualquier otro instrumento legal que asegure el cumplimiento de esta obligación.
