Cuando la presidenta Laura Fernández estaba en campaña electoral, mantuvo el discurso de que el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) tenía que estar en manos de los pensionados y no en las de las operadoras de pensiones.
“Estoy a favor de que se les entregue el ROP“, manifestó la mandataria en uno de los debates presidenciales en enero pasado.
Su posición hizo que muchos de los votantes se sintieran esperanzados en que Fernández y sus diputados lucharían por la entrega adelantada del ROP, pero ahora la realidad es otra.
Cuando Fernández asumió la Presidencia, era de esperar que, como parte del cumplimiento de su promesa de campaña, convocara los cuatro proyectos que están en la corriente legislativa, los cuales tienen como fin la entrega anticipada del ROP, pero Fernández no ha convocado ni uno solo.
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¿Qué dicen los proyectos de ley?
Una de las iniciativas fue propuesta por el exdiputado liberacionista Óscar Izquierdo y permitiría el retiro acelerado o total del ROP a las personas que se jubilen entre el 1.º de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030.
El plan fue dictaminado de forma positiva en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso. El texto propone reformar el Transitorio XIX de la Ley de Protección al Trabajador para equiparar las condiciones de retiro vigentes antes del 1.º de enero de 2021.
Además, en la Comisión de Asuntos Sociales se analizaron mediante mesas de trabajo otros tres proyectos: uno del exdiputado Gilbert Jiménez, otro de la exdiputada Ada Acuña y también una iniciativa de la exdiputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio.
Los tres exlegisladores que impulsaron las iniciativas sostienen que esas platas deben estar lo antes posible en las manos de los dueños, ya que podrían ayudar al pago de deudas y otras necesidades.
La anterior Asamblea Legislativa dictaminó de forma positiva los proyectos de Ada Acuña y de Rocío Alfaro.
¿Cambió de opinión la presidenta?
Los diputados de oposición han solicitado en distintas ocasiones a la presidenta Fernández que convoque los proyectos de ley para cumplir con la promesa de campaña, pero ella ahora argumenta otra cosa.
“Qué más quisiera yo que poder entregar en un solo monto ese dinero a los adultos mayores, pero hacerlo sin tener los estudios técnicos sería irresponsable de mi parte”, afirmó la mandataria recientemente en conferencia de prensa.
“En esto yo siempre he sido muy clara, desde la campaña y desde antes de la campaña. El ROP es de los adultos mayores y hay que buscar la manera técnicamente correcta para entregárselos. Porque tampoco podemos consentir decisiones de entregarlo y que quiebren las pensiones de todos los demás costarricenses por tomar decisiones así, sin tener los datos”, agregó.
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En una reunión que tuvo Fernández con los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), acordó que juntos solicitarían a la Superintendencia General de Pensiones (Supen), al Banco Central y al Ministerio de Hacienda hacer los estudios técnicos sólidos que les den los datos para saber a ciencia cierta en cuántos tractos o en qué periodicidad de tiempo se les puede devolver el ROP a las personas.
Jefe de fracción oficialista está en contra de adelantar entrega del ROP
Nogui Acosta, jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ha dicho con toda sinceridad lo que piensa de los proyectos de ley que tienen como fin la entrega anticipada del ROP.
“Si usted se pone a pensar qué va a pasar el día que entren dos mil millones de dólares, que es parte de lo que estaría entrando, si se distribuyera el ROP, ¿cuál sería el impacto sobre el tipo de cambio?
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“Si usted llega y mete aquí en esta economía 2 mil millones de dólares, ¿cuáles serían las consecuencias desde el punto de vista de las tasas de interés de la inflación? Yo creo que es muy populista estar hablando de repartir el ROP sin decirle a la gente las consecuencias de lo que van a tener si eso ocurre", asegura Acosta.
El economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional (UNA), dice que muchas de las dudas del gobierno sobre la entrega anticipada del ROP pueden deberse a datos de un estudio elaborado por el Banco Central de Costa Rica que se revelaron en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, los cuales pronostican terribles efectos económicos si se entrega el dinero.
Una realidad diferente
Vargas dice que él hizo otro estudio en el que las proyecciones son muy distintas a las del BCCR.
Con el modelo usado por Vargas, el shock equivale al 2,12% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de 2025, distribuido en 24 meses, con un primer desembolso de 1,34% del PIB en el mes 2. Por su parte, las proyecciones del BCCR estiman hasta 4 puntos porcentuales de inflación adicional y 250 puntos base de alza en tasas de interés.
El estudio de la UNA proyecta efectos moderados: inflación adicional de 0,10 a 0,25 puntos porcentuales en el escenario central, tasas de mercado con un alza de 15 a 40 puntos base y un tipo de cambio con movimientos pequeños. El estudio asegura que ninguno de estos efectos compromete la estabilidad macroeconómica del país.





