EscucharEl video que difundió Casa Presidencial para defender al ministro de Comunicación, Arnold Zamora, en el caso que enfrenta por una denuncia de abuso sexual, podría meterlo a él y al gobierno en serios problemas.
Zamora fue denunciado en la Fiscalía por un funcionario del gobierno que asegura que el ministro lo habría llevado a un hotel en Escazú, supuestamente para hablar de temas laborales y ahí habría abusado de él.
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Según la denuncia, mientras los dos conversaban, Zamora le habría dado bebidas alcohólicas al joven de 25 años y luego el denunciante se empezó a sentir mal.
La presunta víctima, según la denuncia, le avisó a la mamá que se sentía mal y ella lo fue a buscar. Según se supo, la mujer lo habría buscado por todo el hotel hasta que una persona le habría dicho que vio que llevaban al muchacho, casi alzado, hacia una de las habitaciones. Después de eso, la mamá llamó al 9-1-1 y llegó la Policía. Cuando encontraron al afectado, lo llevaron a una clínica privada.
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Zamora respondió a las acusaciones con un video difundido por Casa Presidencial en el que reconoce que fue a recoger al funcionario a la casa y que fueron a tomar algo, también dice que decidió quedarse en el hotel para no manejar tomado, pero asegura que todo lo que pasó entre ambos fue consensuado.
En el video, el cual, al parecer, fue hecho con fondos públicos y por personal de Presidencia, Zamora reveló el nombre del denunciante y le dice que no mienta.
Video podría meter en problemas a Arnold Zamora
El abogado Gilberto Ugalde explica que el video podría violar la ley y representar un gran problema tanto para el ministro como para el gobierno.
Él detalla que en el Código Penal, el artículo 324 bis, señala que se castiga con una pena de 3 a 5 años de prisión a la persona que, mediante amenazas o intimidación al denunciante o testigo, pretenda evitar la denuncia.
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“Todo ello en resguardo de la protección de la causa que se tramita en vía penal, lo que conlleva la no divulgación pública de las acusaciones, protecciones de la posible víctima y no generar juicios de valor sin antes determinar culpabilidad en el proceso respectivamente”, dijo el abogado.
Ugalde señala que en el Código Procesal Penal se detalla que en los casos de índole sexual, los delitos, presuntamente, cometidos son de índole privada.
El abogado también señaló que podría investigarse un posible delito de peculado.
“Podría hablarse de la posible comisión de un delito de peculado, regulado en el artículo 361, con penalidad de 3 meses a 2 años de prisión, al que se aproveche en beneficio propio de los fondos públicos pagados por la administración.
“Siendo así que el ministro, utilizando recursos de los costarricenses y del aparato estatal, aprovechándose de su investidura, habría realizado un video con fondos públicos y la colocación del logo del gobierno”, manifestó.
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Otros abogados también dieron una opinión sobre el tema del video.
Rogelio Ramírez señaló que hay que partir del punto de que no se trata de una persona menor de edad y de que de alguna manera se había filtrado la existencia de la denuncia.
“Al final, son formas de defensa, poco recomendables, pero que podrían responder a estrategias ya definidas. Obviamente, es prohibido filtrar alcances del proceso como tal”, manifestó.
Boris Acosta dijo que si el nombre de la presunta víctima no había sido revelado antes del video, el ministro podría enfrentar serios problemas.
“Si en esta declaración del ministro es la primera vez que se expone el nombre de la presunta víctima, y la investigación llega a determinar que efectivamente el ministro cometió el delito, definitivamente desde una querella y acción civil de la víctima se podría demostrar que se agravó el daño moral y se podría aumentar la condena”, explicó.
Por su parte, Joseph Rivera, dijo que podría investigarse si, por medio del video, el ministro estaría coaccionando y amenazando a la víctima, lo que podría afectar el proceso de las autoridades judiciales.
“La Fiscalía puede abrir una causa por divulgación de información, él jamás puede abrir o divulgar información. El afectado podría someterse a la protección a víctimas”, detalló.
