EscucharYara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, tomó una decisión apoyada por los otros 30 legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que sorprenderá a muchos.
La decisión tiene que ver con el pin de oro que recibía cada diputado de la República desde hace años.
Se trata de un lindo distintivo que los identifica como legisladores, pero que la verdad es bastante fino y costoso.
Un pin de ¢300.000 que pagábamos todos
Según la tradición, cada vez que se iniciaba un periodo legislativo se le regalaba a cada diputado un pin de oro.
La última vez que la Asamblea Legislativa realizó esa compra, en marzo del 2022, compró pines de oro macizo de 14 quilates. Pagó ¢182.000 por cada uno.
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Yara asegura que en esta ocasión cada pin iba a tener un costo de ¢300.000, lo que quiere decir que comprar los 57 le salía al Estado en unos ¢17.100.000.
Esta práctica, que se mantuvo durante las distintas administraciones pasadas lideradas por el PLN, PUSC y PAC, significó un gasto de cientos de millones de colones cargados al presupuesto institucional.
La actual presidenta de la Asamblea Legislativa dijo “hasta aquí” y tomó la decisión de ponerle fin a la compra de estos pines de oro para los diputados y diputadas.
Según informó Jiménez, a partir de ahora, los legisladores van a recibir un distintivo mucho más ajustado a la realidad del país, pues los nuevos pines tendrán un costo aproximado de ¢22.000 por unidad. Para comprar los pines de los 57 legisladores se pagará ¢1.254.000.
“No necesitamos un pin de oro”
Yara fue muy clara y directa al explicar los motivos de esta decisión.
“Los recursos de la Asamblea Legislativa son recursos de todos los costarricenses y tenemos la obligación de administrarlos con responsabilidad”, aseguró la presidenta del Congreso.
Además, le mandó un mensaje claro a quienes defienden estos lujos, al señalar que no se necesita un pin de oro de ¢300.000 para representar dignamente a la ciudadanía.
Jiménez tomó la decisión en medio de una serie de recortes presupuestarios que el Poder Ejecutivo ordenó a los demás poderes de la República y a las instituciones del Estado, debido a que el país enfrenta una situación fiscal complicada.
