EscucharLa Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) aseguró fque los concejos municipales no tienen la injerencia de sancionar a los alcaldes o la intendencia municipal por presuntas faltas al deber de probidad.
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Esta postura se dio unos días después de que el concejo municipal de San José acordara, en su mayoría, la suspensión del alcalde Diego Miranda por 15 días y sin goce de salario por una supuesta gestión indebida en la licitación de vehículos eléctricos.
“No existe norma específica de rango constitucional ni legal que faculte expresamente a los concejos municipales, para instruir procedimientos administrativos sancionatorios en contra de la persona que ejerce la alcalía o la intendencia municipal por presuntas fallas al deber de probidad”, explicó la ANAI.
La asociación señaló que entre la alcaldía y el concejo municipal no hay una relación de subordinación jerárquica, es decir, el órgano deliberativo no está por encima de la administración municipal, sino que ambos deben coordinar entre sí.
Asimismo, enfatizó que en caso de que el concejo municipal conozca alguna situación que viole el principio del deber de probidad de parte de la alcaldía, debe limitarse a recopilar la información y trasladarla a la Contraloría General de la República, para que instruya el procedimiento administrativo si es que procede.
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Sanción contra Diego Miranda
Recientemente, ocho regidores votaron a favor de suspender a Diego Miranda en la sesión ordinaria número 95 del concejo municipal josefino, mientras que tres no estaban de acuerdo.
Los regidores también realizaron esta votación en octubre del año pasado, cuando acordaron que el alcalde quedara fuera de su cargo temporalmente, pero dicha medida no fue ejecutada.
Sin embargo, la suspensión contra Diego Miranda no quedó en firme la semana pasada, pues no se alcanzó la mayoría necesaria en segunda votación.
El concejo municipal argumentó que el alcalde habría violentado el principio de legalidad incurriendo en el incumplimiento de deberes y falta al deber de probidad porque, al parecer, envió un oficio a la Proveeduría Institucional para que recomendara declarar desierta la licitación de vehículos eléctricos por $830 mil, a pesar de que ya estaba adjudicada la compra de 16 carros.
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