EscucharEl Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), de la Universidad Nacional (UNA), levantó la voz y marcó una línea clara tras declaraciones recientes del candidato a diputado por Alajuela del partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos Umaña, quien se refirió públicamente a un caso de violencia sexual contra una menor de edad, generando preocupación en sectores académicos y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con el pronunciamiento del IEM-UNA, los comentarios del aspirante (abogado de profesión y exdefensor legal de un líder religioso condenado a 35 años de cárcel por delitos sexuales) no solo ignoran una sentencia judicial firme, sino que también refuerzan discursos que restan gravedad a la violencia sexual contra niñas y adolescentes.
En un video, Villalobos, volvió a decir que la niña de 14 años a quien violó un pastor que fue condenado por nuestra justicia “no era una niña”.
El abogado Villalobos, quien es amigo muy cercano al presidente Rodrigo Chaves, en un video que publicó en plataformas digitales el creador de contenido Rubén Rodríguez, afirmó que el pastor defendido por él, con condena en firme por violación a una niña de 14 años, “no era culpable”.
“Efectivamente acusaron a una persona por abusos sexuales contra una menor, no una niña, tenía 15 o 16 años cuando se produjeron los hechos y salió condenado, sigo pensando que no era culpable”, dice Villalobos en el video.
Mensaje muy delicado
Para el Instituto, este tipo de mensajes públicos resultan especialmente delicados porque pueden normalizar el abuso, trasladar la responsabilidad del agresor y provocar un daño profundo a las víctimas.
“Poner en duda la condición de persona menor de edad de una víctima no es una opinión inocente, sino una forma de violencia simbólica”, advirtió el IEM-UNA.
“Estas afirmaciones no solo desconocen una sentencia judicial firme, sino que reproducen discursos que legitiman, minimizan y normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad y en particular, en contra de niñas y adolescentes”, añadieron.
El IEM-UNA recordó que Costa Rica tiene obligaciones claras en materia de derechos humanos, al haber firmado convenios internacionales que exigen proteger a mujeres, niñas y adolescentes frente a toda forma de violencia.
En esa línea, aseguró que la legislación nacional reconoce que los menores de 18 años no están en igualdad de condiciones frente a personas adultas, por lo que cualquier relación marcada por una diferencia significativa de edad implica una desigualdad de poder.
El Instituto también alertó sobre el impacto social de que figuras que aspiran a cargos públicos den este tipo de mensajes.
Según indicaron, esto puede debilitar la confianza en la justicia, desalentar denuncias y alimentar una cultura de silencio e impunidad, en un país donde los delitos sexuales contra menores de edad siguen siendo una realidad alarmante.
Además, el IEM-UNA manifestó su inquietud por los retrocesos en prevención, especialmente tras la eliminación de programas de educación sexual integral, los cuales consideran una herramienta clave para que niñas, niños y adolescentes identifiquen situaciones de riesgo y busquen ayuda a tiempo.
Finalmente, el IEM-UNA fue enfática en que la violencia sexual no es negociable, ni puede suavizarse por razones políticas, religiosas o electorales.
La protección de los menores de edad, advierten, es una obligación del Estado y de quienes aspiran a gobernar.
