Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa; Francisco Gamboa, vicepresidente de la República; y Stephan Brunner, diputado oficialista, están bajo la lupa de la Fiscalía por un tema grave.
Ellos son investigados por el aparente delito de prevaricato relacionado con la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), ocurrida el 28 de mayo de 2025.
Ya en octubre del 2025 habría trascendido que Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, era investigado por los mismos hechos.
El Ministerio Público informó que la investigación inició tras recibir una denuncia anónima.
Informe recomienda investigar a funcionarios
Adicional a la denuncia, un informe de la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, que investigó la injerencia del Poder Ejecutivo en el nombramiento de la Junta Directiva del Banco Nacional, señaló la posible comisión de delitos como prevaricato, abuso de autoridad y nombramientos ilegales en la destitución de las integraciones de la junta del BN.
El 30 de abril, el Congreso envió al fiscal general, Carlo Díaz, una copia del informe junto con el expediente completo elaborado por la comisión legislativa.
En el expediente se señala a Brunner, quien en ese momento era vicepresidente de la República, por los aparentes delitos de abuso y usurpación de autoridad y prevaricato, por ordenar la separación de los miembros de la Junta Directiva del banco estatal el 28 de mayo de 2025.
Tiempo después, esa acción fue declarada nula por la Sala Constitucional.
Francisco Gamboa era en ese momento ministro de Economía y Yara Jiménez la secretaria del Consejo de Gobierno de Casa Presidencial. Ellos fueron señalados por el informe legislativo por el aparente delito de tráfico de influencias en el nombramiento de la directiva del BN. Habrían recomendado para los puestos a personas que no cumplían con los requisitos.
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¿Qué fue lo que pasó?
El 28 de mayo del año pasado, fueron removidos de la junta del Banco Nacional: Marvin Arias Aguilar, quien ocupaba el cargo de presidente; así como Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Marcela Alpízar Chacón.
El motivo fueron presuntas irregularidades en el nombramiento de la gerente general del BN, Rosaysella Ulloa Villalobos.
Ese mismo 28 de mayo, el Consejo de Gobierno nombró a los reemplazos temporales. El 20 de agosto, designó en propiedad a seis de los siete directivos temporales para integrar el órgano máximo de dirección.
La Junta nombrada de forma definitiva estaba integrada por Maximiliano Alvarado Ramírez (presidente), Javier Zúñiga Moya, María del Milagro Solórzano León, y los directores Rolando Saborío Jiménez, Noylin Cruz Suárez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto.
En octubre de 2025, la Sala Constitucional restituyó a los directivos destituidos al anular todos los acuerdos tomados por Brunner para separarlos de sus cargos.


