EscucharLa decisión de Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, de archivar la investigación contra el exdiputado Fabricio Alvarado, por presunto hostigamiento sexual contra la también exdiputada Marulin Azofeifa, causó gran molestia en los diputados de oposición.
Ellos aseguran que una vez más el Congreso le falló a las mujeres y al país en general al dejar incompleto un proceso tan delicado.
Azofeifa denunció a Alvarado tanto en la Asamblea Legislativa como en la Fiscalía. Eso activó, por primera vez en el Congreso, la aplicación del Reglamento contra el Hostigamiento Sexual, el cual establece que debe abrirse una investigación contra el diputado acusado y que este podría recibir una sanción ética, según los resultados obtenidos.
Este caso inició en el periodo legislativo pasado cuando Fabricio era diputado del Partido Nueva República. Pese a que los legisladores de la comisión investigadora terminaron los informes del caso a tiempo para votar y determinar si Alvarado era sancionado o no, varios legisladores del partido de Fabricio, del oficialismo, de la Unidad Social Cristiana y hasta de Liberación Nacional, se ausentaron del plenario legislativo los últimos dos días de labores, por lo que no se terminó el proceso.
La explicación de la presidenta
Jiménez argumentó su decisión en una resolución en la que explicó que el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual del Congreso establece que pueden ser sancionados en este tipo de situaciones los diputados en ejercicio.
También dijo que, como Alvarado ya no es legislador, ni ocupa en este momento un cargo público, no ve viable continuar con el proceso.
Pero, ¿tenía Yara la potestad para seguir con la investigación y finalizar el histórico proceso?
Dirección de Asesoría Legal le dijo que el proceso debía seguir
Jiménez no solo tenía la potestad para continuar con el proceso, tenía incluso recomendaciones técnicas para hacerlo.
La Dirección de Asesoría Legal del Congreso le había señalado a la presidenta legislativa que los tres informes que salieron de la comisión investigadora, de los cuales dos recomendaban la sanción contra el exdiputado, debían seguir su curso en el plenario y ser votados.
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Además, la Defensoría de los Habitantes le envió un oficio a la presidenta legislativa el pasado 13 de mayo, en el que advirtió que la salida de un funcionario denunciado no elimina la posibilidad de que la Asamblea Legislativa conozca y resuelva administrativamente un caso de presunto hostigamiento sexual ni las eventuales responsabilidades.
Los diputados de oposición coinciden con estos dos criterios y sostienen que la Asamblea Legislativa tenía la obligación de sentar un precedente en la primera denuncia que enfrentaba el Congreso por un presunto hostigamiento sexual.
El caso fue archivado
Jiménez basó su decisión solo en un documento del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, donde se dijo que el Congreso pierde su capacidad sancionadora cuando el denunciado pierde su investidura como legislador.
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“En el caso concreto, es un hecho notorio y verificable en sede parlamentaria que el señor Fabricio Alvarado Muñoz ya no se encuentra acreditado ni activo como diputado, por haber fenecido el período constitucional 2022-2026, lo cual implica la extinción absoluta de la relación de sujeción especial que existía entre el investigado y la Asamblea Legislativa", argumentó Yara en la resolución.
Los jefes de fracción de los partidos opositores apelaron la resolución de Jiménez, pero los 29 votos de los diputados oficialistas que estaban en el plenario sepultaron la apelación y con ella archivaron el caso contra Alvarado.
¿Qué pasa ahora con el caso de Fabricio Alvarado?
Marulin también denunció a Alvarado en la Fiscalía y ese proceso sigue adelante en vía judicial. Además, el Ministerio Público investiga otras dos causas similares contra el exdiputado.
Las otras dos denuncias contra Fabricio se interpusieron, una a finales de 2024 y la otra en febrero de 2025.
La primera de las denuncias fue interpuesta por una mujer mayor de edad, mientras que la segunda la hizo una joven que actualmente tiene 32 años, por hechos que habrían ocurrido 19 años atrás, cuando ella tenía 13.
Además, durante la campaña electoral anterior, Laura Fernández aseguró en medio de un debate que Alvarado había tenido comportamientos inapropiados contra ella y que la había arrinconado en una oficina con el pretexto de darle una biblia. Fernández no presentó denuncia.
Esta semana Alvarado fue indagado en la Fiscalía por las causas en su contra y se le impuso la medida cautelar de no acercarse ni molestar a las presuntas víctimas.
