Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, tomó importante decisión sobre Fabricio Alvarado

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, determinó este jueves 14 de mayo que el Congreso no continuará con el proceso que quedó inconcluso en el periodo pasado, sobre el procedimiento que se seguía contra el exdiputado Fabricio Alvarado.

Alvarado fue acusado por la exdiputada Marulin Azofeifa por supuestamente haber cometido varios delitos de abuso sexual en su contra.

Azofeifa presentó la denuncia tanto en la Asamblea Legislativa como en la Fiscalía. Eso activó, por primera vez en el Congreso, la aplicación del Reglamento contra el Hostigamiento Sexual, el cual establece que debe abrirse una investigación contra el diputado acusado y que este podría recibir una sanción ética, según los resultados obtenidos.

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Jiménez leyó en el plenario legislativo una resolución en la que explicó que el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual establece que pueden ser sancionados en este tipo de situaciones los diputados en ejercicio.

Ella manifestó que en este caso, como Alvarado ya no es legislador, ni ocupa en este momento un cargo público, no ve viable continuar con el proceso.

“En el caso concreto, es un hecho notorio y verificable en sede parlamentaria que el señor Fabricio Alvarado Muñoz ya no se encuentra acreditado ni activo como diputado, por haber fenecido el período constitucional 2022-2026, lo cual implica la extinción absoluta de la relación de sujeción especial que existía entre el investigado y la Asamblea Legislativa.

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“El numeral 29 de referencia no regula la continuidad del procedimiento sancionatorio, la conservación de competencia del Plenario, la posibilidad de imponer válidamente la sanción prevista, ni habilita expresamente a sancionar a un exdiputado; siendo responsabilidad de esta Presidencia advertir a las y los diputados de la posible vulneración al principio de legalidad”, detalla la resolución hecha por la presidenta legislativa.

Las fracciones de oposición anunciaron que apelarían la resolución de Jiménez, ya que argumentan que es una mala señal para el pueblo dejar incompleto en el Congreso la investigación de un presunto caso de acoso sexual.