Un conocido exalcalde fue condenado a tres años de cárcel y al pago de más de ¢6 millones tras ser declarado responsable de realizar un trámite ilegal para aprobar la construcción de un motel.
Se trata de Marvin Solano Zúñiga, exalcalde de Paraíso, quien, pese a la condena, no tendrá que poner un pie en prisión, pues se le otorgó el beneficio de cumplir la pena fuera de la cárcel.
Así lo dio a conocer la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) la cual demostró la que Solano era responsable de los delitos de tráfico de influencias en su forma agravada y fraude de ley en la función administrativa.
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“Por estos ilícitos, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública le impuso una pena de tres años de prisión y lo inhabilitó, por ese mismo plazo, para ejercer cargos públicos, incluidos los puestos de elección popular.
“El tribunal le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de tres años años. Durante ese período, el sentenciado no podrá cometer un nuevo delito doloso sancionado con pena de prisión superior a seis meses, ya que, de hacerlo, podría revocársele el beneficio”, detalló el Ministerio Público.
Además, los jueces declararon con lugar la demanda civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República y fijaron un monto de ₡6.600.000 por concepto de daño social, intereses y costas procesales y personales.
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Segundo juicio y condena
El exalcalde ya había enfrentado un primer juicio por este mismo caso en el año 2023 y en esa ocasión fue absuelto. Sin embargo, luego de que se declarara con lugar un recurso de apelación, en setiembre del 2024 se ordenó realizar un nuevo debate, que se llevó a cabo entre setiembre y octubre de este año.
Los hechos juzgados ocurrieron en mayo del 2016, cuando Solano, en su condición de alcalde, emitió una orden por escrito al jefe del Departamento de Ingeniería para que se aprobara un permiso de construcción de un motel.
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“Según la FAPTA, en dicha orden el entonces alcalde se respaldó en un texto legal para dar apariencia de legalidad a su solicitud”.
La fiscalía señaló que en la tramitación del permiso de construcción existía un conflicto de interés, debido a que los funcionarios que intervenían en el proceso de aprobación también trabajaban para la empresa que construiría el motel.
El caso se tramitó bajo el expediente 17-000022-0033-PE.
