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Tres hombres que decidieron crear una “empresa” dedicada a los préstamos gota a gota recibieron un duro golpe tras hacer que sus “clientes” vivieran un verdadero infierno con deudas impagables, las cuales llegaban acompañadas de terribles amenazas.
Los sujetos tendrán que ponerle fin a sus operaciones, pues a petición de la Fiscalía Adjunta de Heredia, el Tribunal Penal de esa zona dictó fuertes condenas en su contra al encontrarlos responsables de varios delitos.
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En el caso de uno de los hombres apellidado Soto Cruz, este fue condenado a 17 años por los delitos de estafa y extorsión. En cuanto a los otros dos, de apellidos Rodríguez Bolaños y Víquez Sáenz, estos también fueron hallados responsables del delito de extorsión.
“Rodríguez fue sentenciado a seis años de cárcel, mientras que Víquez a cuatro años, bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico”, informó la Fiscalía.
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Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron entre el 2020 y el 2023, cuando los imputados se asociaron para crear dos sociedades, las cuales fueron utilizadas para cometer los ilícitos.
“Según estableció la Fiscalía, estas personas realizaban préstamos de dinero con tasa de interés de usura, las cuales resultaban impagables por las víctimas. Ante esa situación, los hombres comenzaron a cometer extorsiones, para intimidar y amenazar a los ofendidos”.
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El caso corresponde al expediente 22-008497-0059-PE.
Penas por el delito de extorsión en Costa Rica
En Costa Rica, el delito de extorsión está contemplado en el Artículo 214 del Código Penal, y establece sanciones severas para quienes cometan este tipo de crimen. La ley impone penas de entre cuatro y ocho años de prisión a toda persona que, mediante intimidación o amenazas graves, obligue a otra a realizar una acción que afecte su propio patrimonio o el de un tercero con el fin de obtener un lucro injusto.
Cuando la extorsión se comete utilizando medios tecnológicos, como manipulación informática, telemática o electrónica, la sanción aumenta y puede alcanzar de cinco a diez años de cárcel. Además, el país estudia reformas para endurecer los castigos en casos de extorsión digital, sexual o relacionada con grupos criminales organizados, reflejando el esfuerzo por enfrentar las nuevas formas de este delito en un contexto cada vez más tecnológico y complejo.
