La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, solicitó una medida urgente para impedir que los diputados aprobaran en segundo debate el presupuesto del 2027 antes de que la Sala Constitucional resolviera los cuestionamientos presentados por el Poder Judicial.
La preocupación del Poder Judicial se debe a que el proyecto incluye varias normas de ejecución presupuestaria que, según advirtió la Corte, limitarían el uso de sus recursos, impedirían cubrir plazas vacantes y afectarían el funcionamiento de distintos despachos judiciales
La Sala Constitucional ordenó a los diputados abstenerse de realizar el segundo debate del proyecto de ley de presupuesto nacional del 2027 antes del 29 de noviembre, mientras resuelve una consulta presentada por la Corte Suprema de Justicia.
La decisión fue tomada este lunes 9 de noviembre, luego de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, solicitara una medida cautelar urgentísima para evitar que el proyecto sea aprobado sin que la Sala se pronuncie sobre los cuestionamientos constitucionales planteados.
La preocupación del Poder Judicial se centra en varias normas de ejecución presupuestaria que, según advirtió, afectarían su funcionamiento, al restringir el uso de recursos y limitar la cobertura de plazas vacantes.
Entre los puntos cuestionados está el bloqueo de ¢29.843,8 millones, equivalentes al 5,6% del presupuesto institucional, cuyo desbloqueo quedaría sujeto a la aprobación de una comisión legislativa.
Además, la Corte advirtió que estas disposiciones podrían provocar el cierre de despachos, la paralización de servicios y el despido de más de 2.400 funcionarios judiciales a partir del 1 de enero de 2027.
La Sala acogió la solicitud al considerar la dimensión de la posible afectación al funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de preservar el equilibrio entre los poderes de la República.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 asciende a aproximadamente ₡12,4 billones.
Controversia en la Asamblea
Pese la orden de la Sala, Yara Jiménez, mantenía su posición de continuar con la discusión del Presupuesto Nacional 2027 en segundo debate.
Varios diputados cuestionaron la interpretación de la Presidencia del Congreso sobre el alcance de la resolución constitucional.
Uno de ellos fue el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
Villalta explicó que la resolución constitucional no ordena únicamente abstenerse de votar el presupuesto, sino de dar segundo debate.
Para respaldar su posición, citó el artículo 149 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que establece que el segundo debate consiste en una discusión final sobre el proyecto, la cual concluye con la votación.
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“Si hacemos eso, incurrimos en un desacato constitucional, en una desobediencia de una resolución clara y directa de la Sala Constitucional”, dijo Villalta.
La diputada Abril Gordienko cuestionó que se interprete que la orden de la Sala IV impide únicamente votar el proyecto, pero permite continuar con su discusión en segundo debate.
“¿Qué significa dar segundo debate? No significa votar, significa discutir. Un debate es una deliberación, es una discusión", dijo
Gordienko calificó de arbitraria esa interpretación y aseguró que los diputados no pueden discutir el presupuesto sin conocer primero el criterio que finalmente emitirá la Sala Constitucional.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, manifestó que estaba participando en la discusión del Presupuesto Nacional 2027 bajo protesta
“Estoy hablando aquí bajo protesta, que quede claro que la gente sepa que en este momento se está desacatando una orden de la Sala”, dijo Segura, quien cuestionó que se obligue a los legisladores a discutir el proyecto sin que la Sala IV haya resuelto los cuestionamientos planteados.
La legisladora también responsabilizó a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, por las posibles consecuencias de continuar con el procedimiento.
“¿Quién va a responder por ese desacato? Lo va a responder usted, señora presidenta", dijo.
La Sala les aclaró
Pero minutos después toda duda sobre si se debía discutir o no pese a la insistencia del oficialismo, se acabó. Jiménez dio un receso de 10 minutos y a la mitad de ese tiempo indicó que se levantaba la sesión.
Esto ocurrió porque la Sala Constitucional envió una nueva resolución relacionada con la discusión del Presupuesto Nacional 2027.
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El documento recibido por el Directorio legislativo señala expresamente: “Se acoge la medida cautelar y se ordena al Plenario de la Asamblea Legislativa abstenerse de discutir y votar en segundo debate el expediente legislativo N.° 25.754 antes del 29 de noviembre de 2026″.
La resolución agrega que la medida busca preservar la efectividad del control preventivo de constitucionalidad, sin sobrepasar el plazo del 30 de noviembre establecido en el artículo 178 de la Constitución Política. Ahora solo queda esperar.
