EscucharEl gobierno de Rodrigo Chaves tomó una decisión sobre el proyecto de ley que pretendía reajustar las pensiones por costo de vida a más de 30.000 personas que pertenecen a un régimen del Magisterio Nacional, quitándoles la esperanza a los pensionados que tratan de sobrevivir mes a mes.
Chaves vetó la ley, señalando que era una carga financiera automática para el Presupuesto Nacional, al que pertenecen las pensiones.
Esta noticia trajo mucha preocupación para los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio, pues este reajuste les iba a aliviar el bolsillo.
“Recibo una pensión muy baja, como 450.000 colones, pero hay otras compañeras que trabajaron en las aulas por muchos años y reciben pensiones de 120.000 colones”, dijo Socorro Vargas, educadora pensionada.
“Es totalmente inhumano. Este veto afecta muchísimo a las personas que durante cinco años no tenemos ni 1.000 colones de aumento por costo de vida”, añadió.
Doña Socorro, quien tiene 68 años, explicó que el proyecto de ley, presentado por el exdiputado frenteamplista Jonathan Acuña, pretendía que se les descongelara la pensión a las personas que reciben montos menores a 2 millones de colones.
“Sabíamos que el veto era muy posible. Esa decisión arruinó toda la esperanza de tener el descongelamiento y de poder gozar todos los años de un aumento como el que también pudieran tener los compañeros que están en servicio”, dijo.
El RTR del Magisterio Nacional lo reciben los pensionados, entre ellos educadores, oficiales de seguridad, secretarios, directores, orientadores y otros funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), que empezaron a trabajar antes del 15 de julio de 1992.
La afectada, quien trabajó 33 años en el MEP, comentó que la mayoría de los pensionados son mujeres.
“Hay compañeras que están viviendo en infraestructuras muy precarias y que reciben 150.000 colones de pensión”, aseguró.
Tuvo que recortar gastos en salud
Debido al monto que recibe, doña Socorro tuvo que recortar algunos gastos para su salud, como unas medias especiales por una polineuropatía que tiene, pues son muy caras.
“En la vejez se requieren medicamentos, citas médicas y exámenes. Desgraciadamente, con el debilitamiento que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre todo en especialistas, hay que recurrir a consultas y exámenes privados que implican dinero”, comentó la afectada.
Doña Socorro contó que la pensión que recibe no es solo para ella, sino también para su hijo.
Ha tenido que priorizar la comida y las necesidades de su hijo, quien estudia en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
“La canasta básica ha subido un montón, aunque la inflación esté en cero. Se han tenido que mermar muchísimos productos que antes se podían comprar”, dijo.
Compartió que otras pensionadas del Magisterio tienen hijos con discapacidad y debenque llevarlos a médicos privados.
Doña Socorro mencionó que el dinero tampoco les alcanza para hacer arreglos en la casa.
Leiner Vargas, economista, explicó que muchos de los educadores y otros funcionarios del sector educativo cotizaron la pensión toda su vida y esas cotizaciones se usaron para financiar el Estado o no se invirtieron propiamente, por lo que no reciben un monto suficiente con el que puedan sobrevivir.
“Son pensiones promedio relativamente bajas y estas personas ya son adultos mayores y necesitan gastar en cosas absolutamente necesarias como salud, cuidado, alimentación y, en algunos casos, reformas de su vivienda, y no les alcanza porque llevan más de cinco años sin que se les haga un ajuste por costo de la vida”, explicó.
El economista señaló que es injusto que el Estado no tenga el dinero para pagar a los pensionados, para que así puedan vivir de forma digna.
¿Qué dice el Magisterio?
El Magisterio Nacional lamentó el veto que hizo Rodrigo Chaves al proyecto de ley 24.353.
“Vemos con mucha tristeza esta situación de no reconocer el aumento de los precios de los productos básicos para un sector que cumplió con su deber y su misión de educar a muchos de nosotros y que no se le reconozca el aumento por costo de vida. Eso es prácticamente llevarlos a la pobreza”, dijo Carlos Hernández, presidente de la Junta Directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, a La Teja.
Hernández consideró que el reajuste que se le debe hacer a las pensiones del RTR del Magisterio es un derecho fundamental, pues es una forma de reconocer sus labores.
“Hacemos un llamado a las nuevas autoridades y a las nueva Asamblea Legislativa para reconsiderar una situación que es de dignidad”, indicó.
