Para doña Marta Alvarado García, de 53 años, sembrar frijoles es su forma de vida. Lo lleva en la sangre. Sin embargo, después de dedicarle tantos años al campo, siente que el trabajo que sostuvo a su familia ya no alcanza para vivir.
Esta agricultora de Upala ha tenido que salir a recorrer diferentes lugares del país para vender sus cosechas. Visita comunidades, ofrece bolsitas de frijoles de puerta en puerta y busca clientes que le permitan recuperar, al menos, parte de lo invertido.
“Nosotros tenemos más de tres años de sufrir con el mercado, pero este año colapsó. Siempre ha sido difícil, pero ahora se juntó todo: los costos de los químicos, los problemas del clima y la dificultad para vender”, nos cuenta doña Marta con tremendo dolor y desconsuelo.
Ella vende el kilo a ¢1.300 y asegura que ofrece un producto de primera calidad. Aun así, conseguir compradores se ha convertido en una lucha.
“Este año me ha tocado ir a San José, Guanacaste, Liberia, Heredia y San Carlos; a todos lados con los paquetitos de frijoles a ofrecerlos. Antes, si uno tenía los frijoles, podía venir alguien a comprarle 10 o 20 quintales. Ahora no. A uno le toca salir a buscar quién le compre”, asegura.
El problema es que los frijoles no son su única preocupación. También debe pagar los recibos de la casa, comprar alimentos y cubrir las necesidades diarias.
“El frijol ya no da para vivir. Antes, con la cosecha, uno podía comprar azúcar, aceite, manteca y las cosas que no producíamos. Ahora, aparte de sembrar, hay que buscar cómo hacer un extra para tener efectivo, porque el campo no me paga el agua, la luz ni el teléfono”, reconoce con dolor.
Por eso hace tamales, empanadas y chorreadas; hace costuras y manualidades y hasta produce aceite de coco para vender.
“Uno lo lleva en la sangre esto de producir frijol. Ya uno no puede estar sin sembrar algo, aunque sea en el corredor de la casa, en el patio o donde sea. Ese es el estilo de vida que he tenido, pero el gran dolor es que el frijol ya no da”, expresó.
La Defensoría pone números a la crisis
La situación que describe doña Marta encuentra respaldo en el informe “La otra cara del frijol en Costa Rica: exclusión financiera, desigualdad rural y riesgos a los derechos humanos”, presentado por la Defensoría de los Habitantes el 3 de junio de 2026.
Uno de los hallazgos más contundentes es que producir frijoles puede, perfectamente, significar perder dinero, incluso cuando se logra cosechar. Así como lo lee, quien produce frijoles hasta podría terminar perdiendo plata.
En la región Chorotega, producir un quintal cuesta aproximadamente ¢42.571, pero el agricultor recibe apenas ¢34.000. La diferencia es una pérdida de ¢8.571 por quintal.
En la región Brunca, la situación tampoco es favorable: producirlo cuesta unos ¢46.510 y el pago que recibe el agricultor ronda los ¢40.000. Es decir, pierde ¢6.510 por quintal.
En palabras sencillas, los productores trabajan, compran insumos y cosechan, pero el dinero que reciben no alcanza para cubrir el costo de producir.
La investigación también revela que más del 70% de los frijoleros consultados recibe menos de ¢250.000 mensuales. De ellos, cuatro de cada diez ni siquiera llegan a ¢100.000 al mes.
A esto se suma una dificultad para conseguir financiamiento. Desde 2021, el crédito destinado al cultivo de frijol representa apenas entre el 0,01% y el 0,02% de todo el financiamiento agropecuario.
Dicho de otra forma, de cada ¢10.000 que se prestan para actividades agropecuarias, al frijol le corresponden apenas entre 1 y 2 colones.
La Defensoría advierte que el problema va más allá de la agricultura: afecta los ingresos de las familias, el trabajo digno en las zonas rurales y la capacidad de Costa Rica para producir sus propios alimentos.
Por eso, recomienda mejorar el acceso a créditos, facilitar garantías para pequeños agricultores, fortalecer la asistencia técnica y dar más oportunidades a los productores nacionales en las compras del Estado.
El INDER invierte millones, pero el reto continúa
El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) informó el 20 de agosto de 2026 que invirtió ¢237,8 millones en insumos agrícolas para apoyar a unos 470 productores de Osa, Buenos Aires y Pérez Zeledón.
La ayuda incluye fertilizantes, herbicidas, insecticidas y otros productos para recuperar unas 711,5 hectáreas de cultivo afectadas por fenómenos climáticos registrados en noviembre de 2024.
El objetivo es aliviar parte de los costos y ayudar a recuperar la producción.
Se trata de un apoyo importante para los agricultores beneficiados. Sin embargo, los datos de la Defensoría muestran que el desafío del sector es más amplio: además de enfrentar el clima, los productores necesitan vender a precios que cubran sus gastos, tener acceso al crédito y contar con mercados para sus cosechas.
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ya hasta tiene una categoría para la realidad que viven quienes cultivan frijoles. En un comunicado del 2025, dejaron totalmente clara la realidad que viven ellos: “Frijoleros de Upala en situación de pobreza recibirán apoyo para optimizar sus negocios”.
En el comunicado aseguran que buscarán que esos frijoleros hagan otras cosas más, además de producir frijoles, para que tengan platica. Con eso también dejan claro que, como frijoleros, seguirán siendo pobres.
Menos producción local, más dependencia internacional
La Universidad Nacional (UNA) también ha advertido del debilitamiento de la producción nacional.
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El académico Rafael Granados Carvajal, de la Escuela de Ciencias Agrarias, explicó que Costa Rica pasó de producir una parte importante de los frijoles que consumía a depender de las importaciones para cubrir más del 80% de la demanda.
Según los datos de la UNA, el país produce actualmente apenas una parte de lo que necesita y la cosecha nacional alcanza para cubrir alrededor de dos meses de consumo interno.
La Defensoría, por su parte, documenta una caída del 25,9% en la producción nacional durante los últimos 20 años.
¿Qué significa esto para la gente? Significa que cada vez producimos menos de un alimento básico y dependemos más de lo que compramos en otros países.
La UNA advierte que esa dependencia expone al país a problemas internacionales que pueden encarecer o complicar el abastecimiento, mientras la reducción de los cultivos también golpea el empleo y la economía de las comunidades rurales.
“¿Qué vamos a comer a futuro?"
Marvin Jiménez Fernández, de 62 años, también conoce la dureza de sembrar frijoles. Este agricultor de Upala ha visto cómo la actividad pierde terreno y cómo cada vez cuesta más mantenerla.
“Ha sido muy duro, una lucha con todo. El clima nos ha afectado demasiado: cuando no es mucho verano, es mucho invierno. Además, los químicos son carísimos y las políticas no ayudan al productor”, manifestó.
Marvin administra una organización vinculada a la comercialización agrícola que compra frijoles a unos 210 productores, entre asociados y agricultores independientes.
Desde esa posición ha visto las dificultades para colocar las cosechas.
“Este año hubo que hacer maravillas para vender los frijoles. La gente piensa que uno es millonario, pero no, es apenas para ir pasando. Esa platita ayuda unos meses a la familia y a mucha gente que la necesita”, afirmó.
Pero lo que más le preocupa es que los jóvenes no quieran continuar con la actividad.
“Antes había un montón de frijoleros. En esta zona había más de 800 productores; ahora uno ve cómo han ido desapareciendo. Los viejos seguimos pulseándola, pero los jóvenes se van a estudiar o buscan trabajo afuera. Lo último que quieren es sembrar frijoles”, asegura con una enorme preocupación.
Y tiene una razón de peso: si producir deja pérdidas, cada vez menos personas estarán dispuestas a asumir el riesgo.
“Si no recomendamos a nuestros hijos que sigan sembrando, dígame usted qué vamos a comer a futuro. Si vienen problemas internacionales y se interrumpen las exportaciones, ¿Qué vamos a comer?“, le pregunta al país este frijolero upaleño.
La investigación de la Defensoría respalda esa preocupación: la edad promedio de los productores consultados es de 50,5 años, una señal de que la actividad tiene dificultades para atraer a nuevas generaciones.
Que protejan al frijolero
Don Marvin pide que se proteja a quienes todavía trabajan la tierra.
“Costa Rica tiene que producir. No podemos dejar que desaparezcan los agricultores que nos dan de comer. El frijolero está en una situación tremenda y, si seguimos por este camino, puede estar en peligro de extinción. No. La verdad es que sí creo que el frijolero está en peligro de extinción”, advirtió.
Doña Marta, mientras tanto, seguirá sembrando como pueda, aunque tenga que combinar el trabajo en el campo con la venta de comidas y otras actividades.
Ambos comparten la misma realidad: detrás de cada cosecha hay familias que necesitan ingresos y comunidades que dependen de la agricultura.
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La crisis ya no se mide solamente en quintales perdidos o hectáreas sin sembrar. También se mide en el esfuerzo de quienes deben salir a vender sus frijoles por todo el país para sobrevivir y en la incertidumbre de si habrá una nueva generación dispuesta a sembrarlos.
¿Y el Gobierno ayuda? ¡Claro! El pasado 26 de octubre se confirmó que el Gobierno autorizó la importación de 1.154 toneladas métricas de frijol rojo y negro con un impuesto de 0%.
Las autoridades explicaron que se ha tomado la decisión para atender el desabastecimiento de frijol en el mercado nacional. Ya la autorización rige desde el propio 26 de octubre y se mantiene hasta el próximo 31 de enero del 2027.
En diciembre, los frijoleros ticos comienzan a sembrar para cosechar en marzo, justo cuando el mercado nacional está ya ocupado por el frijol importado de Estados Unidos, Nicaragua, Argentina, Brasil, México y Bolivia.
La producción de los frijoleros nacionales solo cubre alrededor del 20% de los frijoles que los ticos nos comemos al año. El otro 80% se importa. Cada día se importa más porque hay menos frijoleros nacionales produciendo.
“Los datos del Consejo Nacional de Producción (CNP) muestran una reducción significativa del área sembrada. Entre 2018 y 2025, la superficie destinada al cultivo pasó de aproximadamente 16.000 hectáreas a poco más de 9.000, lo que representa una disminución cercana al 50%”, concluye la UNA.
