El diputado Fabricio Alvarado está muy enojado por la recomendación que le hizo la Organización de Naciones Unidas (ONU) a Costa Rica de que legalice el aborto.

El legislador del Partido Nueva República se siente indignado por la petición del organismo internacional y hasta dijo que él y los demás diputados de su fracción se comprometían a luchar para que la polémica recomendación no se convierta en una realidad.

La molestia de Alvarado parte de un informe hecho por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng.

Ella hizo una misión en Costa Rica y al finalizar expuso sus observaciones preliminares, las cuales se desarrollarán en detalle en un informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en junio de 2024.

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La relatora resaltó la universalidad del sistema de salud costarricense y el marco normativo que garantiza el derecho a la salud, pero señaló que hay vacíos, como que el aborto es considerado un delito y que, incluso, los médicos que sospechan que una mujer se sometió a un aborto tienen la obligación de informarlo, algo con lo que ella no está de acuerdo.

La mujer dijo que el hecho de que el aborto sea ilegal en el país “es discriminatorio”, por lo que recomendó que se legalice.

“Como costarricenses debemos abrir nuestros ojos en relación a lo que estos organismos internacionales han venido haciendo para adoctrinar y sobre todo tratar de imponer esa agenda que ya prácticamente nos queda claro, es una agenda completamente en la línea del lobby abortista, del lobby LGTB, y que quieren imponerla a todos los países.

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“Ya nos pasó en el 2018 con el matrimonio entre personas del mismo sexo, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos... esto de la ONU lo hemos venido señalando ya desde hace años. La ONU siempre ha incluido entre lo que ellos llaman salud sexual y reproductiva el término aborto”, manifestó el diputado.

Discriminación

La relatora dijo además que hay poca comprensión de los derechos humanos de las personas con discapacidad y que “su voz colectiva no se tiene en cuenta”. También aseguró que a causa de la discriminación y la violencia que viven, las personas LGBTIQA+ experimentan niveles más altos de trastornos de salud mental.

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“Estas disparidades en los resultados de salud están vinculadas a prejuicios, abusos y violencia... preocupa saber que la terapia de conversión no es ilegal en el país, exponiendo a las personas LGBTQIA + a una violencia institucionalizada que queda impune y subrayó que este es un asunto de urgencia que debe abordarse”, expresó la representante de la ONU.

La mujer dijo que los desafíos que encontró en Costa Rica no son insuperables e hizo un llamado para que mediante la administración, la voluntad política y la rendición de cuentas, el Estado logre sumar en temas de igualdad.