EscucharLa violencia en los centros educativos se ha agravado a niveles insospechados, al punto de que algunos jóvenes utilizan armas de fuego o blancas para atacar o defenderse, lo cual preocupa a los expertos, debido a la carencia de atención especializada para este tipo de situaciones.
El pasado 9 de marzo, el país lamentó un suceso ocurrido en Guanacaste, donde un joven murió apuñalado por otro estudiante en una parada de buses. Además, esta semana circuló un video de un altercado entre estudiantes ocurrido en las afueras de un colegio en Pérez Zeledón.
En el video, que no se publica para resguardar la intimidad de los menores, dos jóvenes discuten, pero otro golpea en la nuca a uno de ellos, por lo que sacó un cuchillo. El agresor huyó tras ver el arma y el otro joven lo persiguió.
José Miguel Chavarría, profesional en orientación, comentó que, aunque el Ministerio de Educación Pública (MEP) se esfuerza por atender estos casos de violencia, persiste una carencia institucional para darle el seguimiento debido.
“Refieren los casos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y dan cita en ocho meses por falta de especialistas. En mi zona de trabajo no hay psiquiatras; hay que trasladarse al centro o esperar hasta dos años”, explicó.
Asimismo, indicó que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) carece de unidades correctas para trasladar estudiantes.
“Hay problemas de infraestructura. Se reconoce el esfuerzo del MEP, pero es una responsabilidad articulada”, añadió.
El sociólogo Guillermo Acuña, por su parte, coincidió en la insuficiencia institucional para atender este tipo de casos y, por otro lado, señaló que, lamentablemente, la violencia se ha normalizado.
“No han bastado las acciones llevadas a cabo. Se requiere una política más integral.
“En el ejercicio gubernamental se ha instalado una narrativa violenta. Hemos naturalizado la violencia en la vida cotidiana. Como sociedad no nos escuchamos y tenemos dificultades para convivir”, añadió.
Por su parte, la psicóloga María Ester Flores señaló que la violencia en videojuegos también afecta el crecimiento infantil.
Mamá preocupada por la violencia en el país
Una madre de una joven de 15 años, que prefirió el anonimato, comentó que el mayor temor de los padres es que sus hijos sean lastimados por alguien armado.
“El tema de las armas se sale de control por la inseguridad. Muchos creen que con un arma podrían defenderse”, dijo esta vecina de Goicoechea. Ella comentó que se ha perdido la práctica de revisar bultos para asegurar que no lleven objetos peligrosos y opinó que “los papás fallan mucho a la hora de poner disciplina”, indicó.
Chavarría coincide con la mamá, ya que señaló que el involucramiento de los padres es vital, con el fin de mantener una comunicación constante para detectar dificultades.
“Es importante que haya canales abiertos. A veces los estudiantes no hablan porque los padres no dan el espacio y temen ser juzgados o regañados”, dijo.
Añadió que hay padres que ignoran lo que pasa con sus hijos, sus relaciones y su desempeño escolar.
Acuña coincidió en que este es un factor clave.
“Nos hemos dejado de hablar y eso pasa por las estructuras familiares”, comentó.
María Ester Flores agregó que falta presencialidad familiar para gestionar las emociones negativas.
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“Las familias deben conocer mejor a sus hijos, sus gestos, y mantener un diálogo real. También revisar sus bultos y notar si falta algo en la cocina, como un cuchillo”, opinó.
Recalcó que es vital que los encargados observen cambios de humor en los menores.
¿Qué pasó con el muchacho que sacó el cuchillo?
El MEP informó que aplicaron inasistencia al joven que amenazó a otro con un cuchillo en Pérez Zeledón, llamaron a su madre e interpusieron una denuncia en la Fiscalía por amenaza con arma.
Chavarría comentó que, ante la presencia de un arma en un altercado, el personal debe alertar de inmediato. Luego interviene un equipo interdisciplinario (trabajo social, orientación, psicología).
“Las armas blancas son un problema grande por su fácil adquisición en cualquier comercio”, dijo el orientador.
Explicó que, tras la intervención, se toman medidas, se convoca a las familias y se investiga tanto en la fiscalía como en el centro educativo para determinar qué motivó al estudiante a portar el arma.
“El arma es solo la punta del iceberg. Puede haber una persona involucrada en estructuras de crimen organizado que la necesita para protección, o alguien muy molesto cuyo objetivo es hacer daño, sea por ataque o defensa”, concluyó.
Se le consultó al MEP sobre la existencia de una directriz para atender la violencia en centros educativos y reconocieron que hacen falta más recursos para brindar a los niños y jóvenes una atención más especializada.
Las autoridades señalaron que existe una síntesis para el abordaje de amenazas y eventos críticos en los centros educativos.
“Lo que establece es un análisis antes de que una situación suceda. Hay un apartado que dice qué hacer cuando un evento de estos sucede y otro sobre la revisión de cómo fue la situación y el comportamiento. Se le aplica el reglamento de valoración de los aprendizajes y de la conducta.
“Si por alguna situación es una amenaza física, se le aplica la pauta de atención en situaciones de manifestaciones de violencia”, dijo Enid Castro, directora de la Contraloría de Derechos Estudiantiles.
