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El abogado del movimiento oficialista Jose Miguel Villalobos lanzó este lunes severas críticas contra la oposición y la Corte Suprema de Justicia, tildando de inepto e inútil al Fiscal General de la República Carlo Díaz.
Los señalamientos se dan en medio del tenso pulso presupuestario entre el Gobierno y el Poder Judicial, además del reciente incidente en el Plenario Legislativo durante el cual el diputado Edgardo Araya dijo que la presidenta de la República, Laura Fernández, “se hace a la tontita”.
Villalobos cuestionó el reciente plantón realizado en las afueras de la Plaza de la Democracia en respaldo a la institucionalidad judicial, asegurando que las manifestaciones de apoyo a la cúpula del Ministerio Público carecen de sustento frente a los ajustes fiscales que exige el Poder Ejecutivo.
Villalobos señaló que “un plantón que aplaude a Carlo Diaz no merece mas que desprecio” además de afirmar que “observar al más inepto e inútil de los funcionarios judiciales caminar bajo los aplausos de una masa pequeña realmente sorprende”
En relación al presupuesto del Poder Judicial, y la solicitud del Gobierno para reducir en un 2.6 % el monto del mismo, el penalista calificó la resistencia de los magistrados como injustificada, afirmando que “una administración que no pueda rebajar el 2.6 % es una administración inútil, bobalicona e incapaz.”
Estas declaraciones llenas de insultos contradicen la posición del oficialismo, quienes se molestaron cuando Edgardo Araya se expresó en contra de Laura Fernández.
Al consultarle a la diputada Ángela Aguilar, de Liberación Nacional, su opinión con respecto a las declaraciones de Villalobos nos respondió lo siguiente:
“Es inaceptable que un diputado se refiera en esos términos sobre el Fiscal General. El respeto debe estar presente en todos los espacios y para todas las personas, máxime en la Asamblea Legislativa, que es un Poder de la República. Este ataque nos reafirma la necesidad de seguir defendiendo la autonomía del Poder Judicial.”
Las declaraciones de Villalobos reviven el delicado choque entre un gobierno que sostiene que el ajuste fiscal al Poder Judicial es vital para la sostenibilidad financiera del Estado, mientras que sectores de la oposición, sindicatos y gremios judiciales argumentan que los recortes comprometen la lucha contra el crimen organizado y la labor contra el mismo.
