Las listas de espera continúan siendo una realidad terrible para el país, pues miles de pacientes esperan ser atendidos por un médico especialista para algún tratamiento, un diagnóstico o una cirugía.
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Ese es el caso de Fabiana Barrantes, una joven de 15 años diagnosticada con genu valgo, una condición que le provoca una deformidad en las rodillas, por lo que sus piernas se inclinan hacia adentro. Además, sufre fuertes dolores y falta de fuerza en las piernas.
Su padre, Víctor Barrantes, contó en una conferencia organizada por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines) que el año pasado pagó una consulta privada para conocer el diagnóstico. Sin embargo, cuando acudieron al Hospital de San Carlos, la cita quedó programada para junio de 2050.
Barrantes interpuso un recurso de amparo que permitió agilizar la atención de su hija. No obstante, posteriormente le asignaron una cita para placas hasta 2029, por lo que presentó otro recurso y la joven fue atendida en el Hospital San Rafael de Alajuela. Actualmente, ella requiere cirugía en ambas piernas y la familia continúa a la espera.
Este es uno de los miles de casos que reflejan el impacto de las listas de espera. Por ello, Sinae Afines presentó una propuesta a la presidenta Laura Fernández para atender esta problemática.
Según el sindicato, al corte de abril de 2026 había 1.443.260 personas en listas de espera, una cifra que se duplicó en cuatro años.
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¿Qué propone Sinae Afines?
La organización plantea fortalecer el primer nivel de atención y mejorar la gestión del recurso humano para ubicar al personal donde más se necesita. También propone realizar diagnósticos situacionales en áreas críticas para acercar la atención clínica a los pacientes.
Asimismo, impulsa la transformación digital de los servicios de salud, incluyendo la digitalización de imágenes médicas para agilizar diagnósticos.
En materia de salud mental, propone crear una red nacional comunitaria y fortalecer los servicios de psiquiatría y psicología, debido a que más de 11.000 personas esperan atención psiquiátrica.
Otra de las preocupaciones planteadas es la deuda acumulada del Estado con la CCSS, que limita la capacidad de inversión y dificulta la respuesta a las necesidades de la población.


