El cambio de opinión que tuvo la presidenta Laura Fernández sobre las pensiones de los expresidentes en solo una semana ha causado muchas críticas.
Ella se dio cuenta de la indignación que causó en mucha gente y buscó una solución, pero ahora esta parece ser inconstitucional.
El tema de las pensiones se hizo visible luego de que el martes de la semana pasada los diputados oficialistas de la comisión de Asuntos Sociales votaron en contra el informe del proyecto que recomendaba quitarles las pensiones a los expresidentes. La decisión sorprendió a propios y extraños porque el oficialismo siempre ha criticado las pensiones de lujo.
A raíz de eso, en la conferencia de prensa del miércoles anterior se le consultó a Fernández si estaba a favor o en contra de las pensiones de los exmandatarios (que son de unos 4 millones de colones), y ella las defendió argumentando que son necesarias para mantener el nivel de vida, sobre todo porque les puede costar volver a conseguir trabajo.
A raíz de tantas críticas, Fernández decidió cambiar por completo su postura y presentar ella misma un proyecto de ley para acabar con las pensiones de los expresidentes, sin tomar en cuenta que ya en el Congreso se tramita un texto con ese mismo fin.
La iniciativa de Fernández plantea quitar también las pensiones a los exmandatarios que ya las reciben y eso podría traer abajo la iniciativa.
¿Es legal quitarles las pensiones a los expresidentes anteriores?
Para el abogado constitucionalista Fernando Zamora, la respuesta es un rotundo no.
De acuerdo con el experto, la propuesta del Poder Ejecutivo, presentada este miércoles ante la Asamblea Legislativa por el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, se toparía de frente con un principio básico y universal del derecho: la irretroactividad de la ley.
“A quienes tienen derechos adquiridos con base en una ley, no se les pueden eliminar esos derechos en función de una ley nueva”, explicó Zamora.
Es decir, las nuevas reglas aplican únicamente hacia el futuro desde que la ley se aprueba, sin afectar o quitar derechos otorgados en el pasado.
El abogado incluso recordó jurisprudencia de la Sala Constitucional —como el voto 846 del año 1992— en la que los magistrados determinaron que incluso ante cambios en la Ley General de Pensiones, no se les podían alterar las condiciones a aquellas personas que ya habían cumplido con los requisitos para jubilarse.
“Con muchísimo mayor razón en el caso de expresidentes de la República que ya tienen años de poseer esa pensión. Sería violar el principio constitucional de irretroactividad (...) Es jurídicamente imposible que pretendan eliminársela”, enfatizó el especialista.
Zamora fue claro en que este blindaje legal no tiene nada que ver con la opinión pública: “Independientemente de que estemos todos los costarricenses de acuerdo o no, es una cuestión estrictamente de derecho constitucional e incluso de principios constitucionales universales”, expresó.
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Otra vía en la Asamblea Legislativa
Mientras el proyecto del Gobierno inicia su camino cuesta arriba, en la corriente legislativa ya existe otra iniciativa sobre el mismo tema.
Los diputados del Frente Amplio han dicho que si de verdad la intención de Fernández fuera quitar las pensiones, sería más fácil que los legisladores oficialistas apoyaran la iniciativa que ya está en la corriente legislativa y estuvieran dispuestos a hacerle cambios.
El texto del Frente Amplio no propone suspender las pensiones que ya se dan a expresidentes de forma automática. Establece que estas se suspendan cuando sus beneficiarios reciban otros ingresos superiores a tres salarios base, equivalentes a ¢1.386.600, según el salario base utilizado en 2021.



