EscucharLa presidenta Laura Fernández y los jerarcas del Poder Judicial se reunieron la mañana de este lunes 18 de mayo para discutir varios temas judiciales. Aunque se llegaron a acuerdos, hay ciertas dudas sobre si son viables o no.
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Tras la reunión, que duró dos horas, Orlando Aguirre, magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Laura Fernández, presidenta de la República, hablaron con la prensa.
Laura Fernández detalló algunos puntos en los que estuvieron de acuerdo, así como aquellos en los que discreparon.
Por ejemplo, la presidenta mencionó que se adoptarán medidas para que la Inspección Judicial frene a algunos jueces en la ejecución de liberaciones o cambios en las medidas de prisión de las personas que están privadas de libertad.
Para eso, se establecerá, por medio de la Fiscalía, un canal de comunicación que informe al Ejecutivo cuando haya alguna modificación en la ejecución de la pena.
Sobre este punto, el abogado penalista Gerardo Huertas tuvo dudas, pues consideró que los funcionarios de la Inspección Judicial no deberían intervenir en las decisiones judiciales.
“Los miembros de la Inspección Judicial no pueden limitar a los jueces de ejecución de la pena para que dicten resoluciones porque eso sería un atentado contra la independencia judicial”, dijo.
El experto explicó que si hay un desacuerdo con la resolución del juez en cuanto a la pena, se puede apelar y el Tribunal Penal puede revocar la decisión.
El segundo acuerdo es el reforzamiento de la prevención y la sanción contra la filtración del crimen organizado en el Poder Judicial. Huertas dijo que esto es algo que ya existe.
“A nivel simbólico está muy bien, pero no es un acuerdo de algo que no existe. Hubiera sido distinto si la Fiscalía ni siquiera abre investigaciones contra funcionarios judiciales que cometen un delito; si hay, los ejemplos sobran”, comentó Huertas.
El abogado no ve viable la incorporación de las pruebas de polígrafo para los funcionarios que tienen que llevar casos complejos, pues lo consideró ilegal e inconstitucional.
“Es una prueba que ya ha sido demostrado científicamente que lleva a muchísimos errores. Dependiendo del sesgo de la pregunta que se le haga, puede dar una respuesta positiva o negativa, dependiendo del formato de la pregunta”, dijo.
Huertas señaló que si una persona se pone nerviosa durante la prueba, la pueden calificar como mentirosa.
La colaboración entre la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, podría ser algo peligroso, según el abogado.
“Existen esas colaboraciones con diferentes policías. (...) La Fuerza Pública es el Ejecutivo y el OIJ la Judicial, tienen funciones totalmente distintas: el Ejecutivo busca prevenir y el OIJ busca investigar algo que ya pasó. Es muy peligroso pretender mezclarlos”, dijo.
El experto cree que el Ejecutivo busca tener acceso a investigaciones judiciales, lo que podría afectar la imparcialidad.
Otros puntos en los que hubo anuencia son instituir un procedimiento más rápido en el levantamiento de los cuerpos por parte de las autoridades judiciales y mejorar los tiempos en que la Policía de Control de Drogas solicita allanamientos al OIJ.
Sobre el último punto, Huertas aseguró que los allanamientos se ejecutan de inmediato y no días después, como afirmó la presidenta en la conferencia de prensa.
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¿Qué pasa con los puntos en los que discreparon?
El Poder Judicial y Laura Fernández no estuvieron de acuerdo en tres puntos:
- Las reformas judiciales
La presidenta planteó al Poder Judicial que no bloquee la agenda de reformas y que las analicen a conciencia, pero la propuesta fue rechazada.
“Es una propuesta inviable porque las reformas no salen del Poder Judicial, sino de la Asamblea Legislativa. Es cierto que hay iniciativas que nacen del Poder Judicial, pero quienes hacen las reformas y las ejecutan es el Legislativo”, comentó el abogado.
- El fin de la supuesta persecución política
Laura Fernández afirmó en la conferencia de prensa que puso sobre la mesa el fin de la supuesta persecución política hacia funcionarios del gobierno, pero no hubo acuerdo.
“Pedirle al Poder Judicial que no haya más persecución hacia miembros de su gobierno es hasta ofensivo en una democracia, es decirle que deje de cumplir con su trabajo”, dijo Huertas.
“Si entra una denuncia, tiene que investigarse, así como se le investiga a cualquier otra persona. Eso no es persecución, es simplemente el mandato de ley”, agregó.
- Aumento del presupuesto
Laura Fernández no está de acuerdo en aumentar el prespuesto del Poder Judicial.
Fernández detalló que, en el panorama actual, la obligación constitucional para el Poder Judicial equivale a ¢474.991 millones. Sin embargo, el presupuesto asignado asciende a ¢532.837 millones, lo cual representaría ¢57.800 millones adicionales a lo estipulado por la ley fundamental.
La presidenta condicionó el otorgamiento de más recursos a la obtención de mejoras en los resultados de eficiencia dentro de los procesos judiciales.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte y Patricia Solano, presidenta de la Sala III, defendieron la gestión de sus recursos y señalaron que la semana anterior recibieron una comunicación que ratifica una eficacia del 98% en la ejecución presupuestaria.
Además, aclararon que el 6% constitucional se concibió originalmente para la labor puramente jurisdiccional, pero posteriormente se le recargaron funciones del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Judicial y la atención a víctimas y testigos.
¿Quiénes participaron en la reunión?
Además de Laura Fernández y Orlando Aguirre, en la reunión participaron otros tres jerarcas del Poder Judicial y algunos ministros del gobierno.
Carlo Díaz, fiscal general de la República; Patricia Solano, magistrada y presidenta de la Sala Tercera; y Michael Soto, director del OIJ, estuvieron presentes en el encuentro.
Asimismo, Rodrigo Chaves, ministro de Presidencia y de Hacienda; Gabriel Aguilar, ministro de Justicia; y Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública, formaron parte de la reunión.
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