EscucharEl estado de excepción que la presidenta electa Laura Fernández defiende como una de las soluciones para la crisis de violencia que vive el país, ha causado en El Salvador dolor y desesperación en cientos de familias.
Un estado de excepción es una medida temporal y extraordinaria que se toma en una situación de emergencia o crisis en un país. Es una herramienta que permite a un gobierno tomar medidas excepcionales para proteger a la población y mantener la seguridad o la estabilidad en situaciones de emergencia, como desastres naturales, epidemias, disturbios civiles o conflictos armados.
La aplicación de esa medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa, debido a que implica la suspensión de garantías individuales, entre ellas:
- La libertad de tránsito.
- La intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
- La inviolabilidad del domicilio.
- La reunión pacífica.
- El derecho a la manifestación pacífica de opiniones.
- El libre acceso a la información por parte de departamentos administrativos del Estado.
- El derecho del debido proceso judicial (detenciones sin mandato escrito de juez o autoridad).
Eso quiere decir que, si se aplica un estado de excepción en Costa Rica, usted podría llegar a ser detenido por la policía, por ejemplo, por ir a una reunión con amigos, por escribir en sus redes sociales críticas contra el gobierno, por salir a la calle en vehículo o a pie, entre otras cosas.
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La medida se ha prorrogado en El Salvador 46 veces
Fernández asegura que una medida como esa sería implementada solo en caso de emergencia, si las “cosas se ponen muy feas” en Costa Rica, lo mismo que decía Nayib Bukele cuando lo anunció; sin embargo, allá la medida que solo se aplicaría en casos estrictamente necesarios se prorrogó 46 veces entre el 2022 y el 2025.
Un reciente informe de la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario (SJH) dio a conocer datos realmente alarmantes en los que se demuestra que muchos privados de libertad están muriendo y, al contrario de lo que muchos creen, la mayoría de estos fallecidos ni siquiera han sido pandilleros.
El estudio determinó que 90,844 personas han sido detenidas desde el 27 de marzo de 2022, hasta el 31 de diciembre del año 2025, mediante el decreto de Régimen de Excepción.
Además, detalla que, aproximadamente, 1,300 detenidos han fallecido en los diversos centros penitenciarios, de los cuales, al 31 de diciembre del año 2025, se tenía un registro informal de solo 470.
Muchos han muerto por falta de atención médica y medicinas
El informe señala que, aproximadamente, el 32% (32 de cada 100) fueron muertes violentas, pero en pocos casos se hizo la debida inspección ocular policial y reconocimiento por delito de “homicidio”, a pesar de que muchos de los cuerpos presentaban señales de violencia.
“El Instituto de Medicina Legal le coloca como causa preliminar de muerte ‘edema pulmonar’. En muchos casos, los cuerpos fueron entregados en ataúdes cerrados para que las familias no los abrieran; y en algunos casos mandaban policías o militares a los velorios, con el fin de intimidar a los parientes.
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“Otra forma de tortura y tratos inhumanos es negarles sus medicamentos y auxilios médicos, ya que un 32% fallecieron por estas causas. Muchos de los fallecidos padecían diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, neumonía, enfermedades gastrointestinales, desnutrición severa, entre otras, y fueron llevados a hospitales cuando ya estaban casi agonizando. Así mismo, un 5% falleció por enfermedades terminales, como insuficiencia renal crónica o cáncer, muchas veces adquiridas en prisión. La mayor parte de estos casos, personas adultas mayores que nunca habían estado en un centro penitenciario”, detalla el estudio.
La mayoría de los fallecidos no eran pandilleros
Nayib Bukele ha sido muy criticado internacionalmente por no respetar los derechos humanos de los privados de libertad. Él reconoce que los pandilleros recluidos en centros penitenciarios sí tienen derechos, pero dice que no deben estar por encima de los de los ciudadanos de bien.
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El reporte señala que la mayoría de verdaderos pandilleros están encerrados en la famosa megacárcel del CECOT, pero de ahí muy pocas personas han fallecido; mientras que de las demás prisiones que albergan reos de régimen no pandilleros, a los que las autoridades salvadoreñas califican como “colaboradores”, de ahí sí han fallecido muchas personas.
En el informe se detalla que la mayor parte de las personas que han sido detenidas durante el Régimen de Excepción, son personas que fueron obligadas a colaborar por temor. Pero, más grave aún, han detenido a miles de personas que ni siquiera eran colaboradores, pero los calificaron como tales para hacer la cuota de detenciones diarias.
“El 94% de los fallecidos no eran pandilleros; en la mayoría de casos no tenían antecedentes o récord criminal y algunos casos tenían antecedentes, pero no relacionados con pandillas; solo el 6% eran personas que pertenecían o que habían pertenecido a pandillas (retirados), como, por ejemplo, el caso del pandillero ‘criteriado’ Francisco Manuel Cañas Serrano, a quien le dieron muerte a siete días de haber ingresado al penal de Izalco el 28 de abril del 2022.
“Él había sido pieza importante para condenar una estructura de la pandilla 18, responsables de la masacre de San Juan Opico en el año 2016. Había finalizado su proceso y un juez había ordenado su libertad, pero lo volvieron a detener para ser asesinado en prisión”, relata el informe.
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Muertes que duelen en el alma
El informe recopila casos que duelen en el alma y demuestran las injusticias que se dan en un estado de excepción.
Uno de ellos es el de Rafael López Castellón, de 53 años, quien fue detenido sin ser pandillero. Falleció en condiciones complejas y fue enterrado en una fosa común por parte de las autoridades. Hasta dos meses después su familia tuvo conocimiento del fallecimiento.
Fue detenido el 11 de julio de 2022, en el cantón Loma Santa Cruz de Jucuapa, Usulután, por parte de policías y soldados que dijeron que lo habían reportado y tenían que investigarlo y que “si nada debía, nada debía temer”. Se lo llevaron de su casa donde laboraba como “molinero” y le quitaron el dinero de sus ahorros.
Rafael falleció el 1.° de junio del 2022, aparentemente, por “cardiomiopatía”, mientras era interno en el penal de Mariona, pero el centro penal no dio aviso a su familia. Lo tuvieron 20 días en Medicina Legal y luego lo enterraron en la fosa. Su familia se dio cuenta de la muerte dos meses después, cuando uno de sus hermanos solicitó sus antecedentes penales y le dijeron que aparecía como fallecido.
El fin de una bebé de solo año y medio
Marbely Celina Medina Aguilar, de 21 años de edad, fue detenida el 24 de agosto del 2022 por delito de agrupaciones ilícitas durante el régimen de excepción, en Ahuachapán; tenía dos hijos. Génesis Montserrat Medina, de nueve meses de edad (a quien aún daba pecho), y un niño de 4 años.
Los primeros cuatro días, mientras estaba detenida en las bartolinas de la PNC de Ahuachapán, su madre le llevaba la bebé para que la amamantara, pero cuando decidieron trasladarla al centro penal, los encargados de delegación le dijeron que debía dejar la bebé ahí para que se fuera con su madre a la cárcel.
Génesis falleció a los 17 meses de edad (año y medio) el 17 de mayo de 2023, por neumonía bilateral, que adquirió estando “presa” con su mamá en el penal de Izalco y luego en Apanteos.
Expertos en seguridad coinciden en que, para frenar la ola de violencia que se vive en Costa Rica, no se necesita un estado de excepción, sino acciones inmediatas coordinadas entre las policías del país, así como leyes que permitan castigar fuertemente a los delincuentes.
