Proyecto para quitarle poder al ICE avanzó en primer debate en la Asamblea en medio de la polémica

El proyecto de ley denominado “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional” fue aprobado en primer debate este martes 26 de mayo.

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Un total de 27 diputados votaron a favor del proyecto que busca reformar el modelo del servicio de electricidad.

Los legisladores que dieron luz verde al proyecto fueron de la bancada oficialista. La diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, quien estaba de acuerdo con la iniciativa, alegó que no pudo votar.

La mayoría de la oposición, el Frente Amplio, Liberación Nacional y Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, señalaron que esta iniciativa podría debilitar la soberanía energética del país y además, golpearía el bolsillo de los costarricenses.

Ahora los diputados tendrán que discutir este proyecto para aprobarlo en segundo debate. Esta vez se necesitan 38 votos para que sea una realidad.

¿Qué busca esta iniciativa?

El proyecto, presentado en el 2022 por el gobierno de Rodrigo Chaves, busca quitarle al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) las funciones de planificación, dirección, operación y funcionamiento, y trasladarlas a una nueva institución denominada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen).

Según el gobierno, se pretende modernizar el sistema nacional para bajar los precios de las tarifas por medio de la competencia.

Es decir, los actores privados pueden generar, comercializar y exportar energía.

Actualmente, los generadores privados producen electricidad y el ICE es el único que puede comprarla.

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No obstante, con la iniciativa, se crearía un mercado eléctrico mayorista en el que las distribuidoras y los consumidores (grandes empresas) podrían comprar electricidad y firmar contratos.

¿Por qué el oficialismo no está de acuerdo?

El Frente Amplio señaló que este proyecto prioriza el lucro de generadores privados sobre la seguridad del suministro al pueblo.

“Propone tres movimientos agresivos: el primero es quitarle al ICE el control técnico del sistema y dárselo al Ecosen. En segundo lugar, pasar de tarifas fijadas por Aresep basadas en costos a un sistema de subastas y precios de mercado donde los generadores privados pueden especular. El tercero es permitir que los privados utilicen la infraestructura nacional para exportar energía y dejarse el 100% de la ganancia, eliminando las rebajas tarifarias que hoy recibe el pueblo (gracias a las ganancias del ICE)”, afirmó.

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, aseguró que el país necesita un ICE fuerte.

Por su parte, Claudia Dobles señaló que la iniciativa presenta riesgos para las tarifas eléctricas, la universalidad del servicio y la reducción de desigualdades en el país.

La legisladora dijo que temía que el acceso a la electricidad quede condicionado a criterios de rentabilidad.

“No queremos que solo tengan electricidad aquellas comunidades donde sea rentable llevarla”, comentó.

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