Un nuevo proyecto de ley, presentado oficialmente en la Asamblea Legislativa, buscará prohibir de forma definitiva cualquier tipo de propaganda político partidaria en centros educativos públicos y privados de todo el país, con el objetivo de proteger al entorno escolar de cualquier tipo de influencia electoral.
La propuesta ha sido presentada por la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz y respaldada por la congresista Anna Katharina Müller en un plan que busca añadir un nuevo párrafo en el Código Electoral, a partir del cual se prohíba cualquier dinámica en centros educativos que influya en la adhesión o bien la discrepancia con partidos políticos, candidatos o precandidaturas a nivel nacional.
Al referirse a dicha propuesta, Guadamuz ha aclarado que la misma no busca afectar actividades como debates escolares, elecciones estudiantiles, o cualquier actividad similar que promueva el pensamiento crítico y que sea avalada por la legislación vigente, sino más bien que los estudiantes formen su propio criterio sin influencias externas destinadas a la captación política.
Con el objetivo de tener un mayor respaldo, la propuesta apela a normativas ya existentes como la Ley Fundamental de Educación, la cual ya se refiere a estos temas y propone ideas similares.
Alineación con directrices del MEP y antecedentes
El proyecto surge en un contexto en el que la neutralidad política en las aulas es un tema relevante.
Recientemente, el Ministerio de Educación Pública (MEP) envió una circular que prohibía terminantemente a los docentes utilizar recursos didácticos o evaluaciones para realizar propaganda política en las diversas actividades y calendario escolar.
Además, antecedentes como el caso de un joven simpatizante del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que se hizo pasar por un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones para ingresar al Colegio de Cetros en 2025 y dar un discurso partidista han avivado el debate con respecto a este tipo de propaganda en centros educativos.
¿Qué dicen las legislaciones actuales?
Sobre este tema, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha confirmado que los centros educativos no pueden ser utilizados como espacios de propaganda para partidos políticos.
Si bien los partidos pueden albergar actividades organizacionales previa coordinación con el centro, el artículo 137 del Código Electoral prohíbe terminantemente que en ellas se realice proselitismo o se pida el voto por una agrupación específica.
De incumplir con estas normativas, la sanción iría dirigida al funcionario público que permita la actividad propartidista en el recinto, ya que se estaría actuando contra el principio de neutralidad del Artículo 95 de la Constitución Política, el cual busca blindar la pureza del sufragio.
La Teja buscó constatar más declaraciones de la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz en relación con el proyecto de ley ya mencionado; sin embargo, al cierre de esta nota, no se ha recibido una respuesta.
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