El bullying se ha convertido en un problema enorme dentro de las aulas y también fuera de ellas, ya que hay estudiantes que lo sufren hasta en redes sociales y juegos en línea.
En un intento por frenar esta problemática, los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley que promete mano dura contra el bullying y, además, procura el derecho a la reparación del daño para los afectados.
El proyecto, impulsado por la diputada liberacionista Montserrat Ruiz, busca que el sistema proteja de verdad a los estudiantes, aplicando el principio “pro-víctima”, es decir, en caso de duda, la autoridad siempre deberá resolver a favor de quien sufre el acoso.
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El bullying ya no tiene fronteras
Una de las novedades más importantes de esta ley es que su alcance no se limita a hechos ocurridos dentro de la escuela o el colegio. Ahora, los centros educativos podrán (y deberán) intervenir si el acoso ocurre en:
- Transporte escolar y público.
- Actividades extracurriculares (paseos, deportes, bandas).
- Redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok).
- Plataformas y videojuegos en línea (donde muchos menores son humillados mientras juegan).
“Es fundamental atacar este problema que están viviendo nuestros niños y adolescentes”, manifestó la diputada Ruiz.
Solo 30 días para resolver
La ley establece reglas claras para los directores y docentes. Ya no habrá espacio para procesos que duran meses mientras la víctima sigue sufriendo.
- Toda denuncia (verbal o escrita) debe ir directectamente a la Dirección del centro educativo.
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- La investigación y las recomendaciones finales no podrán tardar más de 30 días naturales.
- Se prohíbe la revictimización: se debe garantizar la seguridad emocional y física de los denunciantes y testigos en todo momento.
Nuevas obligaciones para los directores
Con esta normativa, los directores de escuelas y colegios adquieren dos compromisos legales: informar a instituciones, padres y tutores sobre las medidas de reparación que se aplicarán a favor de la víctima (atención psicológica, tutorías, etc.), así como notificar las medidas correctivas que se les aplicaron a los responsables del acoso.
El texto deberá someterse a un segundo debate para convertirse oficialmente en ley de la República. Dicha votación se llevará a cabo la próxima semana.



