EscucharEl abogado penalista Boris Acosta analizó los seis proyectos de ley presentados en la Asamblea Legislativa por la presidenta Laura Fernández y dijo lo que piensa sobre ellos.
El especialista dijo que en términos generales las propuestas de la mandataria le parecen acertadas porque siente a la sociedad le hace falta más mano dura. Luego detalló lo bueno y lo malo que vio en cada iniciativa.
Ley para proteger a los policías
La primera propuesta de la que habló fue de la Ley Gerson Rosales, nombrada así en honor al policía que fue asesinado en el cumplimiento de su labor y que tiene como fin dar mayor protección a los policías en su trabajo.
“Lo que quieren es fortalecer una ley que castigue más por atacar al oficial que al civil común y corriente. Yo creo que aquí la situación no se trata de quién es usted, sino de su derecho a la vida y su derecho a la protección. La ley debe de ser igual de fuerte, debe de darse para todas las personas.
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“Me parece que lo positivo de esa ley es el endurecimiento de la pena, más no es una novedad porque hace rato que faltaba la mano dura, pero como le repito, que no solamente se vea en función de que sea una protección para los funcionarios judiciales, sino este también para todas las personas en comunidad”, expresó Acosta.
Ley de asociaciones criminales
La propuesta de ley para castigar asociaciones criminales pretende crear un delito para sancionar a los delincuentes que se unan para cometer ilícitos.
“Hacía falta hace rato. Las personas van a la cárcel con penas pequeñas de uno a seis años y salen con beneficios cancelarios mucho más rápido, lo único que hacen que es tomar vacaciones de su vida criminal porque así como cayeron en la cárcel por asociación criminal sale y lo está esperando su grupo para seguir adelante con el tema de la criminalidad.
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“Estoy de acuerdo en que definitivamente es una ley que se necesita. Hay que dar castigos ejemplares a delitos violentos y la criminalidad organizada opera alrededor de los delitos violentos”, expresó.
Mano dura contra los delincuentes que reinciden
También hay una iniciativa para poner mano dura a los delincuentes reincidentes, como por ejemplo, quitarles beneficios carcelarios.
“Siempre he sido partidario de que el reincidente debe ser castigado con un plus a partir del hecho de ser reincidente, valga la redundancia, una y otra vez. Eso quiere decir que no ha aprendido la lección de resocialización, que el sistema no ha funcionado y entonces necesita más tiempo.
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Ley de ocio podría tener roces de constitucionalidad
Otra de las propuestas de Fernández es una ley que pretende eliminar el ocio de las cárceles, estableciendo que los privados de libertad deben participar en actividades que generen recursos para las instituciones en las que están recluidos, así como a las víctimas y a sus familias.
“Esta ley de ocio para mí sí tiene un choque constitucional; sin embargo, hay cosas evidentemente que sí comparto. Sí tiene un choque constitucional porque cuando a usted lo detienen y lo meten en una cárcel como castigo por su delito, se supone que el único castigo que usted está recibiendo es la prohibición a su derecho de la libertad de tránsito. De ahí para allá usted tiene todos sus derechos y eso se refiere justamente al derecho del trabajo o no hacerlo.
Acosta dejó en claro que ve bien que los privados de libertad generen recursos, pero siente que esto debe ir de la mano con programas de resocialización, laborales y de estudio, que les den a los privados de libertad herramientas para cuando salgan de prisión.
Ley contra las pistas clandestinas
La quinta propuesta tiene que ver con las pistas clandestinas usadas por los narcotraficantes. Se pretende que el Estado pueda destruir las pistas clandestinas y también decomisar la maquinaria, vehículos, aeronaves y equipos que hacen posible su operación.
Además, aumentan las penas entre cinco y diez años de cárcel para quienes construyan o habiliten las pistas.
“La ley contra las pistas de aterrizaje hace falta porque no hay un control objetivo sobre este tipo de actividades y no tiene ningún sentido que una persona tenga una finca y que tenga una pista cuando no es piloto, no tiene un avión, no tiene ni siquiera una avioneta para irrigar para la agricultura”, expresó.
Ley del olvido
El último proyecto de ley pretende modificar la vigente ley del olvido, que hace que después de cinco años de cumplida una condena se borre para siempre el antecedente de la hoja de la delincuencia de las personas y también de las bases de datos policiales.
La protesta es que los antecedentes sean conservados de forma permanente para fines judiciales, investigativos, de valoración de beneficios penitenciarios y para la imposición de nuevas condenas. En el caso de la hoja de delincuencia, plantea mantenerlos hasta 15 años después de terminada la condena.
El abogado dice que hay que ver si esta iniciativa no es incostitucional.
“La ley indica que usted, cuando recibe un castigo que implica una pena de prisión, evidentemente la imposición de los años y el cumplimiento de esta es justamente el pago de esa pena. Ir más allá de eso es mantener un castigo social en contra suya”, detalló.
