EscucharLaura Fernández, presidenta de la República, llegó este lunes a la Asamblea Legislativa a presentar el primer combo de proyectos de ley en materia de seguridad.
La mandataria llegó acompañada de su equipo élite de seguridad, con el que ha estado reuniéndose cada semana en busca de soluciones para la ola de violencia que vive el país.
Protección a los policías
El primer proyecto de ley se denomina Ley Gerson Rosales, en honor al oficial de Fuerza Pública que fue asesinado en el cumplimiento del deber, y tiene como fin aumentar la protección legal a los oficiales de cuerpos policiales.
LEA MÁS: MOPT hará pruebas de manejo sin cita previa este miércoles
El texto plantea varias reformas a la ley, entre ellas:
- Presumir que el uso de la fuerza por parte de un oficial se encuentra justificado cuando actúe en cumplimiento de sus funciones.
- Ampliar los alcances de la legítima defensa para incluir la protección de familiares y terceros.
- Castigar la resistencia contra la autoridad durante procedimientos de arresto.
- Restringir beneficios como la libertad condicional cuando el delito sea cometido contra un policía en ejercicio de sus funciones.
Castigo a las organizaciones criminales
La segunda iniciativa busca castigar las asociaciones criminales con la creación de un delito específico que impondría penas de cárcel de entre uno y seis años. Además, esas penas se agravarían entre los seis y los 20 años en estos casos:
- Delitos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico de armas o de órganos.
- Por promover, construir, organizar, coordinar o dirigir una organización criminal.
- Por reclutar o instigar a cometer los delitos antes citados.
LEA MÁS: Me tocó renovar la licencia y le cuento cómo me fue para que eche para su saco
Mano dura contra los reincidentes
La tercera es una propuesta de ley que se denomina “mano firme contra la reincidencia” y busca prisión preventiva para quienes cometen delitos y son reincidentes.
También pretende limitar la posibilidad de que estas personas recuperen su libertad por medio de medidas cautelares o beneficios carcelarios.
La iniciativa propone la creación de estas cuatro categorías:
- Reincidencia simple: cuando una persona comete un nuevo delito doloso dentro de los 15 años posteriores a una condena anterior.
- Reincidencia cualificada: cuando los nuevos hechos estén vinculados con delincuencia organizada, narcotráfico o asociaciones criminales.
- Delincuente habitual: quien acumule tres o más condenas por delitos dolosos en un período de 15 años y vuelva a delinquir.
- Delincuente profesional: persona que convierte la actividad delictiva en su principal forma de vida.
Cero ocio para los privados de libertad
El cuarto proyecto de ley pretende eliminar el ocio de las cárceles, estableciendo que los privados de libertad deben participar en actividades que generen recursos para las instituciones en las que están recluidos, así como a las víctimas y a sus familias.
Según el texto presentado, la plata recaudada se distribuiría así:
- 35% para el sistema penitenciario.
- 35% para las víctimas o sus familias.
- 20% para familiares del privado de libertad.
- 10% para un fondo de ahorro personal (se entregará cuando termine la condena).
Ley contra las pistas clandestinas
La quinta propuesta tiene que ver con las pistas clandestinas usadas por los narcotraficantes y pretende brindar herramientas al Estado para combatir el narcotráfico, no solo destruyendo las pistas clandestinas, sino también decomisando la maquinaria, vehículos, aeronaves y equipos que hacen posible su operación.
También aumentan las penas entre cinco y diez años de cárcel para quienes construyan o habiliten las pistas, y pretende la inmovilización registral de las propiedades donde se ubiquen las pistas.
LEA MÁS: Una diputada sufrió un percance el fin de semana y terminó con una quebradura en un pie
Modificación a la ley del olvido
El último proyecto de ley pretende modificar la vigente ley del olvido, que hace que después de cinco años de cumplida una condena se borre para siempre el antecedente de la hoja de la delincuencia de las personas y también de las bases de datos policiales.
La protesta de Fernández es que los antecedentes sean conservados de forma permanente para fines judiciales, investigativos, de valoración de beneficios penitenciarios y para la imposición de nuevas condenas. En el caso de la hoja delincuencia plantea mantenerlos hasta 15 años después de terminada la condena.
Fernández hizo un llamado a los diputados a aprobar las iniciativas lo antes posible.
