EscucharLaura Fernández, presidenta de la República, llegó este lunes a la Asamblea Legislativa a presentar el primer combo de proyectos de ley en materia de seguridad.
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La mandataria llegó acompañada de su equipo élite de seguridad, con el que ha estado reuniéndose cada semana en busca de soluciones para la ola de violencia que vive el país.
Protección a los policías
El primer proyecto de ley se denomina Gerson Rosales, en honor al oficial de Fuerza Pública que fue asesinado en el cumplimiento del deber, y tiene como fin aumentar la protección legal a los oficiales de cuerpos policiales.
El texto plantea varias reformas a la ley, entre ellas:
- Presumir que el uso de la fuerza por parte de un oficial se encuentra justificado cuando actúe en cumplimiento de sus funciones.
- Ampliar los alcances de la legítima defensa para incluir la protección de familiares y terceros.
- Castigar la resistencia contra la autoridad durante procedimientos de arresto.
- Restringir beneficios como la libertad condicional cuando el delito sea cometido contra un policía en ejercicio de sus funciones.
Castigo a las organización criminales
La segunda iniciativa busca castigar las asociaciones criminales con la creación de un delito específico que impondría penas de cárcel de entre uno y seis años. Además, esas penas se agravarían entre los seis y los 20 años en estos casos:
- Delitos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, secuestro extorsivo, trata de personas, tráfico de armas o de órganos.
- Por promover, construir, organizar, coordinar o dirigir una organización criminal.
- Por reclutar o instigar a cometer los delitos antes citados.
La tercera es una propuesta de ley que se denomina de “mano firme contra la reincidencia” y busca prisión preventiva para quienes cometen delitos y son reincidentes.
El cuarto proyecto de ley pretende eliminar el ocio de las cárceles, estableciendo que los privados de libertad deben participar en actividades que generen recursos para las instituciones en las que están recluidos.
La quinta propuesta tiene que ver con las pistas clandestinas usadas por los narcotraficantes y pretende brindar herramientas al Estado para combatir el narcotráfico, no solo destruyendo las pistas clandestinas, sino también decomisando la maquinaria, vehículos, aeronaves y equipos que hacen posible su operación. También aumentan las penas para quienes construyan o habiliten las pistas.
El último proyecto de ley pretende modificar la vigente ley del olvido, que hace que después de cinco años de cumplida una condena se borre para siempre el antecedente de la hoja de la delincuencia de las personas y también de las bases de datos policiales.
La protesta de Fernández es que los antecedentes de delitos contra la vida, crimen organizado y narcotráfico se mantengan en la hoja de delincuencia durante 15 años después de cumplida la pena y para siempre en las bases de datos policiales.
Fernández hizo un llamado a los diputados a aprobar las iniciativas lo antes posible.
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