EscucharEste 1.° de mayo marcará un hito en la historia democrática reciente de Costa Rica.
Tras cuatro años en los que el presidente Rodrigo Chaves centró su narrativa en que los diputados de oposición no lo dejaban gobernar, el panorama político da un giro de 180 grados que deja al oficialismo sin excusas para, ahora sí, sacar pecho y hacer muchas de las mejoras en la legislación nacional que anuncian.
El oficialismo, esta vez bajo la estructura del Partido Pueblo Soberano (PSO), asumirá el control de la Asamblea Legislativa con 31 diputados, una mayoría absoluta que el país no experimentaba desde hace más de tres décadas.
Para los analistas, este cambio en la “correlación de fuerzas” significa el fin de las justificaciones.
En este nuevo periodo legislativo, si el Poder Ejecutivo no logra avanzar su agenda, ya no será por falta de votos, sino por falta de gestión en el Congreso.
Un poder que no se veía desde 1982
El politólogo Sergio Araya es enfático en la magnitud de este cambio. Según el experto, Costa Rica está ante un fenómeno que rompe con la fragmentación legislativa tradicional:
“Desde 1982 una bancada oficialista no tenía más de 30 diputaciones (en aquel entonces fueron 33) y desde 1990 no se alcanzaba la mayoría absoluta de 29. Es un cambio importante que muchos regímenes presidencialistas en América Latina desearían”, manifestó Araya.
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Con 31 curules, el oficialismo tiene el músculo suficiente para:
- Nombrar el Directorio Legislativo sin necesidad de negociar con otras fuerzas.
- Presidir las comisiones clave, donde se cocinan los proyectos de ley.
- Aprobar presupuestos y legislación ordinaria de forma ágil.
- Designar jerarcas en órganos auxiliares como la Defensoría de los Habitantes.
Pueden hacer las mejoras que tanto urgen
Además, el oficialismo podría impulsar reformas orientadas a mejorar servicios esenciales sin necesidad de mayorías calificadas.
Por ejemplo, en educación se podrían aprobar leyes para fortalecer la formación técnica y dual, regular el uso de celulares en aulas, ampliar programas contra la deserción y el bullying, así como modernizar planes de estudio vinculados al empleo.
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En seguridad pública, serían viables reformas para endurecer penas contra el crimen organizado y el sicariato, agilizar procesos judiciales, ampliar competencias operativas de la Fuerza Pública y crear unidades especializadas de inteligencia.
Mientras que en salud pública podrían aprobarse iniciativas para reducir listas de espera, reforzar la atención primaria, regular productos nocivos para la salud, impulsar programas de prevención y mejorar la gestión hospitalaria.
Todas estas medidas corresponden a leyes ordinarias, por lo que podrían aprobarse con mayoría simple de 31 diputados.
La batuta pasa a Zapote
Hasta hoy, el discurso oficialista se alimentaba de la confrontación con el Congreso, pero ahora deberá cambiar.
Para el politólogo Ronald Alfaro, el cambio de condiciones obliga al Gobierno a abandonar el rol de víctima del sistema para convertirse en el director de la orquesta.
“Ahora el Gobierno es el que lleva la batuta, el que marca los tiempos y define la agenda. Con 31 diputados tiene la posibilidad de aprobar la legislación promedio. Le toca esa responsabilidad y habrá que ver qué estilo adopta”, señaló Alfaro.
El experto añade que el primer periodo de sesiones extraordinarias será la “prueba de fuego” para medir cuánta de su agenda está realmente lista para ser impulsada ahora que tienen el camino despejado.
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No todo será fácil para el oficialismo
A pesar de la ventaja numérica, existe un pequeño margen en el que el discurso del “bloqueo” podría intentar sobrevivir: las mayorías calificadas en las que se necesitan al menos 38 votos.
Temas como reformas constitucionales o el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema seguirán requiriendo negociación con la oposición.
Sergio Araya advierte que es ahí cuando el Ejecutivo podría intentar reproducir su narrativa de culpar a terceros, aunque de forma mucho más acotada.
“Se vería muy mal ante la opinión pública que haya un obstruccionismo sin contenido de la oposición, pero también se vería mal que el Gobierno no logre resultados con la mayoría que ya tiene”, expresó.
El reto de Laura Fernández
La administración que liderará Laura Fernández hereda una situación de “gobernabilidad potencial” muy superior a la que vivió Rodrigo Chaves y sus antecesores inmediatos.
La mesa está servida para que las prioridades del Ejecutivo y el Legislativo caminen en sintonía.
Con el control del Congreso, el oficialismo ya no solo tiene el poder, sino también la responsabilidad absoluta. El 1.° de mayo no solo cambió el Directorio Legislativo; también se terminó la era de las excusas para el oficialismo, que ahora sí está obligado a dar resultados desde su llegada al Congreso.
