La diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó un proyecto de ley para regular el acceso de menores de edad a plataformas digitales como redes sociales.
La iniciativa se llama “Ley para regular el acceso y uso de plataformas digitales por parte de menores de edad”. La legisladora asegura que con el cambio busca proteger a niños y adolescentes ante los crecientes riesgos asociados al uso no supervisado de redes sociales y plataformas digitales.
En la justificación del proyecto de ley se menciona que estudios internacionales y nacionales como la II Encuesta Kids Online Costa Rica (2023), revelan datos alarmantes, entre ellos:
• La edad promedio para obtener el primer celular es 9 años.
• Un 40% de adolescentes ha sufrido ciberacoso.
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• Más de 10.000 menores han recibido mensajes sexuales de adultos.
• Cerca de 31.000 menores han tenido encuentros con desconocidos en internet.
La propuesta propone cambios importantes
El proyecto de ley detalla los cambios que deberían aplicarse para regular el tema, son estos:
• Prohibición total del acceso a redes sociales para menores de 14 años, salvo versiones infantiles certificadas.
• Para jóvenes de 14 a 18 años, será obligatorio verificar la edad mediante documentos como la Tarjeta de Identidad de Menores y contar con autorización de los padres o encargados legales.
• Las plataformas deberán desactivar funciones adictivas, prevenir el grooming, limitar algoritmos de recomendación, entre otros aspectos.
• La SUTEL será la entidad encargada de fiscalizar y sancionar a quienes incumplan la ley.
La diputada Carballo aseguró que esta iniciativa “busca establecer límites claros y responsables para proteger el bienestar psicológico, emocional y social de la niñez y adolescencia costarricense, en línea con las regulaciones que ya avanzan en otros países”.
En países como Australia, España, Reino Unido, Francia, Brasil, Chile y Ecuador, ya se han adoptado legislaciones para limitar el acceso de menores a redes sociales, exigir verificación de edad y fortalecer la supervisión de los padres, con el fin de mitigar riesgos y garantizar el bienestar infantil.


