EscucharTras confirmarse que en la Asamblea Legislativa no se lograron alcanzar los 38 votos necesarios para levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, mucha gente se pregunta qué pasará ahora con las 15 denuncias por beligerancia política que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y por las que solicitó al Congreso retirarle el fuero al mandatario.
La votación se dio minutos antes de las 5 de la tarde, 35 diputados votaron a favor de levantarle la inmunidad y 21 en contra.
Poco después el TSE envió un comunicado en el que manifestó que respeta la decisión de la Asamblea Legislativa de no levantarle el fuero a Chaves.
El politólogo Gustavo Araya hizo un análisis del tema calificando la situación y dio una explicación detallada.
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Lo primero que dijo es que queda claro que Chaves negoció con diputados y convocó proyectos de ley de bancadas como Nueva República y el diputado independiente Gilbert Jiménez para asegurarse los votos de esos legisladores a su favor.
El politólogo manifestó además algo preocupante, y es que todo parece indicar que el mandatario no solo habría negociado, sino que también habría coaccionado a otros legisladores para que no le levantaran el fuero.
La “weaponization” del Estado: Amenaza y coacción
Araya establece una diferencia fundamental entre negociación y coacción, utilizando una analogía: “Cuando yo le pido algo a usted con una pistola en la mano... usted no está negociando. Usted está siendo coaccionada por la fuerza para que actúe según mi voluntad”.
El politólogo afirma que, si bien puede haber un grado de negociación de proyectos de ley con algunos diputados, existe un claro precedente de amenaza y coacción en otros casos, sobre todo después de que el propio mandatario señalara en conferencia de prensa que quienes voten en su contra “se atengan a las consecuencias”.
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Araya incluso recordó las formas en que esta “coacción” o “weaponization” (el uso del Estado como arma) se ha manifestado, presuntamente, durante la administración de Chaves:
- Vigilancia y presión: “Poner a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) a seguir a familiares de diputados”.
- Ataque económico: “Llamar a dueños de empresas para evitar que contraten a los legisladores como profesionales liberales, tal como sucedió con indicios en el caso de la diputada Vanessa Castro”.
- Uso de Hacienda: “Poner al Ministerio de Hacienda, basándose en un TikTok, a intervenir empresas de familiares o conocidos de las diputaciones para denunciarlas por evasión fiscal”.
- Falsificación o dilación: “Falsificar o presentar tardíamente documentos para crear problemas de índole legal o de salud en las empresas de los diputados o sus familiares, tal como sucedió con el cierre del Parque Viva”, señaló el politólogo.
¿Qué pasará ahora con la causa administrativa?
Pese a que no se alcanzó la votación para levantarle la inmunidad a Chaves, Araya señala que el asunto no está “muerto”.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puede continuar con la investigación una vez que el presidente termine su mandato, ya que la inmunidad presidencial es la única barrera actual.
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Si bien es cierto que, una vez que Chaves deje el poder, ya no podrían quitarle las credenciales como mandatario, en caso de ser encontrado responsable de las causas de beligerancia política, sí podrían darse sanciones contra él, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un tiempo determinado.
Luego de la votación el TSE confirmó precisamente que el proceso contra Chaves queda temporalmente suspendido y se retomará cuando él deje la presidencia.
Un precedente histórico para la democracia del país
Finalmente, el politólogo destacó la trascendencia de este momento para la democracia costarricense.
Él asegura que el hecho de que la Asamblea Legislativa vote por segunda vez en la historia del país el levantamiento de inmunidad de un presidente en ejercicio (ambas por Rodrigo Chaves) demuestra que existe una institucionalidad que fomenta el control del abuso del poder.
La primera votación para levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves se dio en setiembre pasado y en esa ocasión tampoco se lograron los votos necesarios para el desafuero.
Esa primera votación se dio porque la Fiscalía había solicitado el levantamiento de la inmunidad para que Chaves enfrentara una acusación penal por el presunto caso de corrupción BCIE-Cariñitos.
Aunque el mandatario conservó el fuero, la causa en su contra seguirá latente, y una vez que Chaves pierda sus credenciales presidenciales, el 8 de mayo del 2026, estará a disposición de la Fiscalía General de la República para que lo procese.
