EscucharDescubrir que los ahorros de toda una vida desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos es, posiblemente, uno de los momentos más angustiantes que puede vivir una persona.
La impotencia de las víctimas de no encontrar a nadie que responda ante la vulneración de las cuentas bancarias es todavía más frustrante, ya que confiaron el dinero que tanto les costó ganarse a una entidad financiera que les prometió seguridad, pero al final se quedaron sin nada.
Pero ahora la situación va a cambiar, ya que los diputados aprobaron en primer debate el expediente 23.908, denominado Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero.
La votación se dio en la Comisión Legislativa con Potestad Plena Tercera del Congreso. La aprobación del expediente fue unánime, con los votos de los 15 legisladores que estaban presentes en la sesión.
Devuelva la paz a las familias
El diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción de Liberación Nacional, fue quien impulsó la iniciativa y asegura que con este texto que está a punto de convertirse en ley, el país da un paso gigante para devolverle la paz a miles de familias.
Lo más revolucionario de esta ley es que invierte la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Que ahora no es usted quien debe desgastarse demostrando que no entregó sus claves; ahora es la entidad financiera la que debe investigar y responder por el dinero sustraído de manera ilegítima.
El proyecto reconoce que quien custodia el dinero es el responsable de cuidarlo, quitándole ese peso de encima a la víctima.
Deberán reponer el dinero robado
La nueva ley introduce varios párrafos en el artículo 35 de la ley sobre defensa del consumidor, para establecer la responsabilidad de las entidades financieras por los daños y perjuicios que cause el robo del dinero o patrimonio de las cuentas de los clientes del banco, aunque la sustracción sea responsabilidad de un tercero no autorizado para entrar en la cuenta del cliente.
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“Las entidades financieras, públicas y privadas, deberán proceder a la devolución de los recursos que logró identificar como provenientes de fraudes, siempre que cuente con suficientes elementos de prueba que permitan concluir el carácter ilegítimo de la transacción”, dice la iniciativa aprobada.
El texto también explica que el banco no sería responsable cuando se demuestre que se trató de un autofraude, o bien si demuestra que cumple con todos los estándares adecuados de ciberseguridad establecidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
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Una cifra que asusta
La realidad que motivó esta ley es alarmante:
- El 26% de los hogares en Costa Rica ha sufrido algún intento de estafa o fraude digital.
- En 2025, se cerró el año con más de 13.000 casos de estafas informáticas.
- El promedio es de 38 víctimas por día, personas que de un pronto a otro ven comprometido el dinero de su comida, vivienda o educación.
Izquierdo destacó que esto es una respuesta humana para los adultos mayores y familias trabajadoras que a menudo se enfrentan a la frustración de no sentirse respaldadas por el sistema bancario.
“Aprobar esta ley es decirle a la gente que su esfuerzo vale y que el Estado no será indiferente ante el crecimiento de las estafas”, señaló el legislador.
Además del respaldo económico, la ley obliga a los bancos a crear mecanismos rápidos para investigar y devolver los montos robados, evitando procesos largos y desgastantes.
Al proyecto solo le queda la votación en segundo debate para convertirse en ley de la República.
